Panistas acusan a dependencias públicas de violar ley

La transparencia, letra muerta en la ALDF; el tema no interesa a diputados

RAUL LLANOS Y LAURA GOMEZ

A pesar de que tiene siete meses de haber sido instalada formalmente, la Oficina de Transparencia de la Asamblea Legislativa no sólo carece de un manual de operación y del listado clasificatorio de su información, sino que ya lleva tres cambios en su dirección.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, corresponde a la Comisión de Gobierno -como órgano de dirección- emitir el respectivo acuerdo clasificatorio que defina la información que deberá hacerse pública a los ciudadanos.

Sin embargo, los integrantes de dicha comisión -donde están representados los coordinadores del PRD, PAN, PRI y PVEM- ni siquiera han discutido el tema, mucho menos lo han agendado para próxima discusión. Aunado a ello se suma la falta de un reglamento específico para la operación de dicha oficina.

El primero en encabezar dicha instancia de transparencia -instalada a finales de febrero- fue Daniel Landgrave, quien como secretario técnico de la Comisión de Gobierno estaba designado por ley para tal cargo; con la salida de René Bejarano, luego del escándalo de los videos, Landgrave dejó esa responsabilidad en los últimos días de mayo.

En sustitución, Lorena Villavicencio, presidenta de la Comisión de Gobierno, designó a Jorge Planas, quien sólo duró 15 días en ese encargo y pasó sin pena ni gloria. Lo relevó, a partir del 15 de julio pasado Luis Sánchez Caballero, actual secretario técnico del órgano de dirección de la ALDF, quien precisó que han enfrentado varios problemas, como es la falta de difusión, espacios adecuados y personal.

A la fecha, añade, se han recibido 52 peticiones de información, 70 por ciento de reporteros, incluso dijo que ya enfrentan el primer recurso de reclamación, por supuesta negativa a entregar datos precisos.

Y de toda esta problemática no hay diputado que se encargue, sin embargo los diputados del PAN Obdulio Avila y Mariana Gómez del Campo denunciaron ayer que 24 entes públicos de la administración capitalina han violado las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al emitir acuerdos clasificatorios que impiden la difusión de documentos relacionados con el ejercicio público, lo cual constituye un delito que se castiga hasta con siete años de prisión y multa de 22 mil 620 pesos.

Argumentaron que bajo el pretexto de reservar algún tipo de información se ha "legalizado el ocultamiento" en 10 delegaciones y cinco secretarías de Gobierno, que han emitido acuerdos clasificatorios sobre información confidencial y restringida.