Martí Batres G.

La reforma es para recortar, no para descentralizar

Como una parte coherente de la estrategia contra el gobierno de la ciudad se presenta ahora la intención de reformar el artículo 122 de la Constitución en materia educativa. Se trata de un nuevo episodio que confirma la articulación temática de la ofensiva contra el Gobierno del Distrito Federal. Si con el llamado Nicogate se buscó cuestionar la política de austeridad del gobierno capitalino, con el caso Ahumada se trató de dañar la imagen de honestidad del jefe de Gobierno y con el caso de El Encino se trató de pegarle al discurso juarista de legalidad del gobierno de la ciudad, ahora se pretende algo tal vez mucho peor: descarrilar el programa social de la administración capitalina.

La reforma que se pretende hacer al artículo 122 de la Constitución para adicionar una base sexta a su apartado C sólo tiene como objeto disminuir los recursos que la Federación entrega al Gobierno del Distrito Federal. Así se señala en el segundo transitorio que se propone: "la Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero de enero del año 2005".

La descentralización de la educación en el Distrito Federal no necesita reforma constitucional alguna. Si el gobierno federal quisiera, podría establecer un convenio con el Distrito Federal para entregarle la función del servicio educativo local, como se ha hecho con todas las entidades federativas sin necesidad de modificar la Constitución. Pero aquí no se trata de descentralizar la educación, sino de darle un golpe financiero, que podría ser terrible, a la ciudad y sus habitantes.

Para lograr este objetivo se ha argumentado que las entidades federativas participan en el gasto destinado a la educación básica obligatoria pero que el Distrito Federal no lo hace. Esto es mentira, porque se pretende obviar que en 1992, cuando se firman todos los convenios de descentralización educativa, la participación del DF en la distribución de los recursos fiscales participables de toda la Federación pasó de 22 por ciento a 11 por ciento. Se olvida también que el Distrito Federal sí participa en el gasto educativo a través de los recursos que se destinan a desayunos escolares, becas, libros de texto gratuitos, útiles escolares, centros de desarrollo infantil, preparatorias, la Universidad de la Ciudad de México y, sobre todo, el mantenimiento de la infraestructura de la educación básica. Todo este gasto podría estar sumando entre 3 mil y 4 mil millones de pesos.

Por otra parte se argumenta también que el Distrito Federal es subsidiado por la Federación. Esto es totalmente falso. En el año 2000, en el DF, de acuerdo con los datos de la cuenta pública federal de 2000 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recabaron 147 mil 930 millones de pesos de un total de 266 mil 336 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta. En ese mismo año se recaudaron en el Distrito Federal 113 mil 854 millones de pesos de un total de 225 mil 412 millones de pesos por concepto de impuesto al valor agregado. Eso quiere decir que en aquel año los habitantes y la economía del Distrito Federal aportaron 55 por ciento del total de impuesto sobre la renta recaudado por la Federación y 50 por ciento del total del IVA cobrado por la Secretaría de Hacienda. En otras palabras, el Distrito Federal aporta más de la mitad de los impuestos federales. Sin embargo, el DF recibió para el año 2000 18 mil millones de pesos como participaciones federales. Esto quiere decir que el DF recibe menos de la décima parte de lo que aporta a la Federación. No es subsidiado, antes bien, subsidia a la Federación.

Esto es en parte entendible porque hay entidades federativas, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que tienen gran pobreza y el mecanismo de redistribución fiscal ayuda a que una parte de la riqueza generada en el Distrito Federal llegue a esas entidades federativas. Sin embargo, quitarle más al Distrito Federal resulta completamente inadmisible. La ciudad de México es la más generosa de todas en muchos sentidos, y también desde el punto de vista fiscal. Y sin embargo, se pretende quitarle más, para impedir que realice programas sociales y obra pública.

Habría que agregar a esto que las participaciones del Distrito Federa se han venido reduciendo cada año, en virtud de que ha aumentado la población en el resto del país. Tendría además que agregarse que el Distrito Federal no recibe diversos recursos que se entregan a otras entidades federativas, como el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), mejor conocido como el Fondo de Combate a la Pobreza.

Ahora bien, y por otro lado, como se puede ver, la reforma constitucional no busca redistribuir recursos a los estados más pobres sino entregárselos a "los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado", es decir, šal estado de México y a Nuevo León!, o sea dos de los estados que cuentan con mayores recursos en el país.

La intención que subyace en esta iniciativa legislativa denota la inquina, el desprecio de los adversarios a los habitantes de la ciudad de México. De llegarse a concretar, literalmente tronarían las finanzas capitalinas, y con ellas la obra pública y el programa social. De eso se trata, y nada más. Para la descentralización educativa, el gobierno federal sólo tendría que entregar al DF la estructura de la educación básica de la capital junto con 29 mil millones de pesos que cuesta actualmente. Pero ése no es el objetivo.