Presentará a legisladores propuesta de presupuesto 2005 para el agro

Insuficientes, ofertas del gobierno; fomentan el asistencialismo: UNORCA

Demanda incrementar 10% en términos reales los recursos para el sector agropecuario

MATILDE PEREZ U.

Los cerca de 2 mil campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) participantes en la Caravana Nacional por el Campo abandonaron ayer la ciudad de México tras lograr que la Secretaría de la Reforma Agraria se comprometió a destinar 36.1 millones de pesos para resolver asuntos del agro y que la Secretaría de Agricultura les ofreciera 30.1 millones de pesos para 22 proyectos productivos. "Se avanzó, pero no estamos satisfechos", dijo Alberto Gómez Flores, de la comisión ejecutiva de la organización.

Explicó que la Secretaría de Desarrollo Social mantuvo su política de "trato diferenciado" a los no firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, a los cuales se les incluye en un paquete integrado con sólo 25 por ciento del total de los recursos de los programas. En el caso de UNORCA, explicó, sólo se entregaron 11 millones de pesos del programa de vivienda y se logró que se introdujera a 2 mil 13 adultos mayores en el programa respectivo, "pero eso corresponde al presupuesto de 2003. Ese trato de desiguales violenta nuestros derechos constitucionales, por eso insistimos en que la secretaria Josefina Vázquez Mota vuelva a dialogar con nosotros", asentó.

Si es necesario, los campesinos de UNORCA regresarán a la ciudad de México para recibir un trato digno y justo, dijo. Hoy, una comisión de la organización se reunirá con Angel Augusto Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y con varios de los integrantes de las comisiones unidas relacionadas con el sector agropecuario, a quienes presentarán un documento de propuesta de presupuesto para 2005.

En dicho escrito, UNORCA protesta por la intención del gobierno federal de reducir en 22 por ciento en términos reales el gasto productivo para el campo; la continuación de una política asistencialista y de disminuir 78.5 por ciento los recursos para el programa de empleo temporal, 62.5 el presupuesto para adultos mayores y 52 por ciento el dinero destinado a opciones productivas.

"Se fomenta una política asistencialista que agravia a la población rural más desfavorecida económicamente, que merma los efectos de la visión empresarial que promueven algunos sectores afines al gobierno federal y que presenta la continuidad en el desmantelamiento de la producción nacional", asentó la organización.

Destacó su preocupación por las reducciones en los presupuestos para las distintas secretarías de Estado que tienen programas para el campo y por la propuesta de la Sagarpa de crear una nueva estructura programática "que no pasa de ser una reagrupación forzada de todos los programas en cuatro cajones".

En su propuesta, la organización demanda que se transparente el ejercicio de los ingresos por los excedentes petroleros; se reglamente el compromiso de que 25 por ciento de los recursos destinados a los gobiernos de los estados se canalicen al campo; terminar con los rezagos y el subejercicio del presupuesto de 2003, pues "resulta grave que apenas se esté atendiendo la demanda de las organizaciones correspondiente a ese año".

Por ello, sugirió en su escrito, la Cámara de Diputados debe constituirse en el "verdadero garante y vigilar la aplicación correcta del presupuesto; evite los rezagos y castigue a los responsables por el subejercicio de los programas de apoyo para los productores".

Otras de las sugerencias son: aumento de 10 por ciento en términos reales de los recursos para el agro, establecer una nueva estructura programática presupuestal para que todos los programas rurales queden bajo los lineamientos de la ley de desarrollo rural sustentable, se revierta y modifique el carácter asistencialista del presupuesto rural, se mantenga el subsidio a la Universidad Antonio Narro y al programa de fondos regionales de atención a la pobreza, revisión del sistema financiero rural, modificar la ley de aguas nacionales evitando la privatización del recurso y prohibir a las sociedades mercantiles el acceso a la tierra.