Propósitos y conflictos

La falta de recursos para que los estados pongan en marcha la descentralización educativa data de 2001. En ese año, Tlaxcala y Oaxaca plantearon a la Federación devolverle estos servicios. La razón fue la falta de fondos y la imposibilidad de cumplir con las exigencias del magisterio local.

El gobernador de Oaxaca, José Murat, demandó el 17 de diciembre de 2001 al presidente Vicente Fox que la Federación volviera a hacerse cargo de los servicios en la entidad y quedara sin efecto el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Argumentó que la entidad carecía de recursos presupuestales para asumir los gastos de enseñanza primaria generados por los 70 mil profesores, 11 mil escuelas y alrededor de un millón de alumnos.

Dos semanas antes, Tlaxcala también declaró su incapacidad para sufragar los salarios de 16 mil maestros de educación básica y normal. La respuesta que en ese momento dio el secretario de Educación, Pública Reyes Tamez, fue deslindar al gobierno federal del asunto y atribuir al propio gobernador, Alfonso Sánchez Anaya, el déficit en la materia.

Esta discusión se dio durante el debate del Presupuesto de Egresos de 2001, cuando, además de esos gobiernos, los de Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz plantearon la necesidad de contar con recursos extraordinarios para hacer frente a las demandas salariales y laborales del magisterio.

En Zacatecas, Ricardo Monreal anunció en 2002 que era "excesiva" la carga financiera que representaban para esa entidad los servicios en educación. Planteó la posibilidad de devolver al gobierno federal 818 planteles prescolares, mil 728 escuelas primarias, 122 secundarias, tres de nivel profesional medio, 18 de bachillerato y seis normales, que en total dan atención a 251 mil 593 alumnos. Pese a los problemas financieros, las entidades siguen a cargo de esas labores.

ANGELICA ENCISO