Alumbrado, agua y tareas de procuración de justicia, afectados: Buenrostro y Bátiz

Despidos y cancelación de programas, si se aplica el recorte presupuestal en el DF

Implicaría la paralización de servicios en la capital e incluso en el área conurbada

SUSANA GONZALEZ, LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

La reducción del presupuesto educativo del Gobierno del Distrito Federal -a aplicarse el próximo año-, que impulsan las fracciones de PRI y PAN en la Cámara de Diputados, podría ocasionar la cancelación de programas de mantenimiento y alumbrado público, afectación en tareas de procuración de justicia e incluso despidos en la administración capitalina, advirtieron funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

César Buenrostro, secretario de Obras y Servicios, dijo que de modificarse el artículo 122, obras de mantenimiento preventivo y correctivo en las vialidades primarias serán canceladas y habrá afectación en el alumbrado público y en el sistema de agua que se otorga de manera subsidiada a los capitalinos, lo cual implicará la paralización de gran parte de los servicios de la ciudad de México, por lo cual llamó a los legisladores a ''reflexionar y no dañar a los habitantes del Distrito Federal y la zona conurbada''.

La aprobación del recorte, agregó, no sólo generaría una movilización ciudadana en la capital, sino en algunos estados, y representaría un costo muy alto para los partidos que lo acepten, que se reflejará en las urnas, pues ''no tiene una lógica política, sino un origen y visión parcial relacionada con cuestiones coyunturales para afectar esta administración''.

Por ello confió en que habrá una reconsideración de la forma en que se llevó a cabo el proceso de descentralización educativa en otras entidades, sin poner en riesgo el futuro de la ciudad y eliminar cualquier posibilidad de movilización.

A su vez, el procurador general de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, expresó: ''Nuestro presupuesto (de la PGJDF) es un poco más de 3 mil millones de pesos, pero la mayoría se destina a recursos humanos, así que una disminución implicaría, quizá, despidos, disminución de atención, dejar de realizar algunos programas. No queremos ni pensarlo''.

Sobre la irrupción el pasado martes de los asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, el procurador consideró que no se vulneró esta institución y advirtió que al parecer se quiere revivir la costumbre antigua del albazo, pues se quiso apresurar la revisión de la iniciativa para reformar el 122 sin que previamente se hubiera dado un debate lo suficientemente amplio e informado, en el cual también opinaran los ciudadanos del Distrito Federal.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que respeta la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa y rechazó que hayan tenido línea desde la sede del gobierno capitalino.

Lo mínimo que podía esperarse, apuntó el funcionario, es que la Cámara de Diputados hubiera atendido la petición de los legisladores locales. ''Si un poder local solicita una reunión a la Junta de Coordinación Política del órgano federal, la norma mínima de convivencia es dar esta reunión y sentarse a dialogar.''

En contraparte, el diputado del Partido Acción Nacional Obdulio Avila Mayo exhortó al gobierno capitalino y a los diputados perredistas a asumir el costo de este proceso, ''de 4 mil 300 millones de pesos, que representa 23 por ciento del costo de la transferencia, dado que la Federación se hará cargo del 77 por ciento restante'', y ''dejar de hablar de una afectación financiera que paralizaría a la ciudad, cuando esos recursos bien pueden sacarlos del subejercicio que reportan y una reducción de personal que labora por honorarios''.

Advirtió que la salida del Pacto de Coordinación Fiscal no sólo sería ilegal, sino incongruente con lo aceptado por la administración capitalina, y en lugar de representar más recursos se le reducirían hasta en 23 mil millones de pesos.

Para Raquel Sosa Elízaga, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la petición de iniciar el proceso de descentralización de la educación básica de ninguna manera implica negociar la reducción de la partida que el gobierno federal destina actualmente a los servicios educativos de la ciudad, como es la intención de la ''contrarreforma'' al artículo 122 constitucional.

''Si lo que quieren es que haya más recursos para educación en los estados, que la cosa sea pareja y le quiten también a los que reciben más presupuesto, como Nuevo León y el estado de México.''