Estudian caso de tortura

Entregan viviendas a 35 madres de juarenses asesinadas

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 1Ɔ de octubre. Treinta y cinco mujeres juarenses que perdieron a sus hijas en los homicidios perpetrados en los 11 años recientes, recibieron del gobierno estatal viviendas en la colonia Los Ojitos, tras gestionarlas ante el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu).

El Ichimu también entrega a cada señora mil 800 pesos mensuales para ayudarlas en el sostenimiento de los hijos de las víctimas.

La entrega de las primeras viviendas se celebró hoy luego de que el Instituto de la Vivienda del gobierno estatal (Ivi) terminó la instalación de los servicios básicos en cada casa.

Las viviendas proporcionadas son los llamados pies de casa, que tienen un terreno de 150 metros cuadrados y construcción de 25 metros iniciales; cuentan con los servicios básicos, agua, drenaje y fluido eléctrico, pavimento y alumbrado público, así como planos para que terminen de construir en el futuro el resto de la casa. La colonia cuenta con jardines y escuelas.

Victoria Caraveo Vallina, directora del Ichimu, expresó que "como parte del Programa de Atención a Familiares de las Víctimas de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, (con apego) a los tratados internacionales, hace algunos meses el instituto de la mujer inició las gestiones para el otorgamiento de viviendas a dichas familias".

Dará seguimiento a tortura, comisionada

Por su parte, María Guadalupe Morfín Otero, comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, declaró que dará "seguimiento e impulso" a la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), por posible tortura infligida a los procesados Víctor García Uribe, alias El Cerillo; Cynthia Kicker, Ulises Perzábal y David Meza Argueta, el primero acusado de matar a ocho mujeres, mientras que el resto son acusados de matar una mujer en la ciudad de Chihuahua.

Por la denuncia y gestiones de la comisionada ante la PGR, esta dependencia aplicó a los inculpados el dictamen médico sicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato llamado Protocolo de Estambul.

Sobre este estudio, los pasados días 24 y 25 de septiembre, el magistrado presidente del supremo tribunal de justicia de Chihuahua, Pablo Zapata Subiaga, declaró que "quien afirma que alguien ha sido torturado está obligado a probarlo" y que "ningún inocente confiesa bajo tortura".

Al respecto, la comisionada manifestó su "profundo desacuerdo" y explicó que en el caso de la primera aseveración "la carga de la prueba corre a manos del estado; son los agentes del estado los que tienen que probar que no torturaron, porque están en posesión de las bitácoras o fatigas, partes médicos, certificados, las cámaras de video; es decir, cuentan con todas las posibilidades técnicas para demostrar que alguien no fue torturado".