Los directores jurídico y de licencias son investigados por extorsionar a empresarios

Decretan la suspensión indefinida de 2 funcionarios de la delegación Tláhuac

Fátima Mena rindió su declaración en el proceso que se le sigue a Carlos Ahumada

MIRNA SERVIN, JOSEFINA QUINTERO, AGUSTIN SALGADO Y RAUL LLANOS

La Contraloría General del Distrito Federal decretó ayer la "suspensión indefinida" del director general jurídico y de gobierno, Misael Hernández, y del director de licencias, Julio César Sánchez, ambos de la delegación Tláhuac, hasta en tanto se desahogue la investigación que se inició en su contra por incurrir en una supuesta extorsión de empresarios del gas en esa demarcación.

A raíz de que La Jornada publicara que ambos funcionarios exigían un millón de pesos a Enrique Medrano, para poder operar "sin problemas" su estación de gas, y 60 mil pesos más, cada mes "para no ser molestado", la Contraloría intervino en el caso e inició la investigación administrativa CI/UQD/13/08/2004, que como primer efecto tuvo la salida de Hernández y Sánchez.

Como parte de esa indagación, la Contraloría Interna determinó que en los próximos días comparezcan ante esta dependencia el director de verificación y reglamentos, Juan Reyna Corona; el director de protección civil, Hans Salazar Castañeda; el ex jefe delegacional Francisco Martínez Rojo y el ex director jurídico y de gobierno Mario Adolfo Peña Urquieta.

En este contexto, el PRD capitalino dejó en claro que "no será tapadera de nadie" y que en los casos de corrupción exigirá que se vaya a fondo y se aplique todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.

Isaías Villa, secretario general del perredismo local, expresó que incluso solicitó que Fátima Mena "comparezca" ante el Comité Ejecutivo Estatal del partido para que aclare las situaciones de extorsión en que se vieron envueltos Hernández y Sánchez.

Donde sí tendrá que presentarse la jefa delegacional es ante la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, el próximo 8 de octubre, para que explique el mismo asunto de la extorsión.

Entre los puntos que deberá dar a conocer la titular de Tláhuac a los diputados es la intervención que tuvieron el director jurídico y de gobierno, Misael Morales Hernández, y el de licencias y uso de suelo, Julio César Sánchez Alba, al solicitar más de un millón de pesos al empresario Enrique Medrano Meza, para evitar la clausura de la gasera irregular conocida como La Habana.

Por lo pronto, ayer acudió la jefa delegacional a declarar al juzgado primero de lo penal con sede en el Reclusorio Norte, para testificar en el proceso judicial que se le sigue al dueño del Grupo Quart, Carlos Ahumada Kurtz, por un presunto fraude por varios millones de pesos, por contratos de obra.

Visiblemente nerviosa, la ex secretaria particular de Francisco Martínez Rojo evadió las preguntas realizadas por los defensores del empresario argentino a tal grado que el propio Ahumada le solicitó al juez Manuel Alvarado Lara que aceptara como prueba en su favor el video de una entrevista televisiva realizada el jueves, con lo que comprobaría que la delegada falta a la verdad en el juicio, ya que a decir del inculpado hubo preguntas que sí contestó en la entrevista con Televisa, mismas que se negó a responder ante el juez.

Luego de tres horas de comparecencia, Mena Ortega solicitó algunos minutos de receso con el argumento de sufrir una descompensación en la presión arterial, situación que le fue concedida, pero en el momento en que se reinició la diligencia, Ahumada Kurtz fue quien se "sintió mal" y optó por irse a su celda.

Horas antes el procurador Bátiz se refirió al caso de las gaseras -en el cual también están inmiscuidos funcionarios de la delegación Tláhuac-, y no descartó que sea necesaria la declaración de Mena Ortega en esta nueva investigación.