Ricardo Martínez Martínez *

La memoria contra el olvido

La matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 abrió una llaga histórica profunda para nuestra sociedad y una zanja infranqueable entre quienes cometieron el acto represivo y quienes lo sufrieron. Desde entonces, la herida no ha sido cauterizada por un acto de justicia reclamado desde hace más de 35 años; por el contrario, las instituciones -democráticas en lo formal- se han negado a responder cabalmente, ya no digamos abrir un proceso judicial creíble, sobre lo que pasó aquel día en Tlatelolco.

Los sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, en verdaderos actos de valentía, han visitado y tocado puertas en todas las instituciones competentes para el caso: Presidencia de la República, procuradurías de justicia, el Congreso de la Unión y juzgados. La respuesta, todos lo sabemos, ha sido el silencio cómplice.

No ha habido en este tiempo pronunciamiento oficial sobre quiénes son los responsables, ni mucho menos sabemos las motivaciones de una decisión de Estado que dio, en la historia contemporánea, el deshonroso lugar para México del uso indiscriminado del poder con el fin acallar a las voces disidentes, y que se nos haya comparado, por esas fechas, con las dictaduras del sudamericanas.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, adscrita a la Procuraduría General de la República, experimenta ya sus limitaciones en posibilitar el enjuiciamiento de conocidos y documentados criminales de lesa humanidad, como Luis Echeverría Alvarez, Mario Moya Palencia, Manuel Díaz Escobar, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, con todo y sus subalternos que participaron en otra matanza, la del 10 de junio de 1971.

Tanto este caso como el de la muerte de cientos de estudiantes el 2 de octubre y la etapa de la guerra sucia de los años 70, han sido catapultados, abierta o veladamente, por los gobiernos en turno, incluido el llamado "gobierno del cambio" de Vicente Fox (quien prometió hacer justicia sin aún hacerlo) y por personajes siniestros que, al amparo de instituciones como el Ejército y las policías perpetraron crímenes. Bajo un umbral discursivo del "ya pasó, miremos hacia adelante", se invita a olvidar, perdonar y reconciliarse.

Así como sucedió después de la Alemania nazi y de las cruentas dictaduras de Argentina y Chile, los responsables del Holocausto negaron todo y los neonazis ahora sostienen que no murieron 6 millones de judíos, sino "sólo" 264 mil; o durante el juicio a las juntas militares en 1986 en el país del río de la Plata, en el cual el comandante Emilio Massera negó su responsabilidad sobre el robo de niños y desapariciones forzadas, para que en los años subsecuentes los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem lo perdonaran e instaran a buscar la reconciliación con el pueblo argentino; o la insistencia, ahora sí demencial, de Augusto Pinochet de defender una "guerra justa" contra la "subversión", y que ahora "los excesos" cometidos "no cambian lo que ganó Chile".

Pese a la insistencia del olvido como oficio de caballeros y la perversidad burocrática del ni oigo ni veo, ni cumplo ni me acuerdo, de nuestros gobernantes, miles de personas mantienen la memoria fresca de los sucesos que han marcado nuestra historia. Como una lámpara perenne, tienen esperanza de alcanzar justicia y se les ve en calles, foros, en todos los lugares del país, invitando a no ceder ante el velo de la ignominia y del perdón.

No se trata de vengar a nadie, sino de restituir la legalidad constitucional quebrantada desde hace tiempo. Por ello, las organizaciones independientes de derechos humanos, sobrevivientes de la represión, amigos y hermanos de las víctimas masacradas o desaparecidas, han comenzado otra etapa de movilización y concientización con el fin de terminar con la impunidad.

La fortaleza de los sobrevivientes y la perseverancia de hombres y mujeres, familiares de los muertos y desaparecidos, harán alcanzar sus reclamos. Ahora buscan la creación de una comisión de la verdad sobre el 68, como sucedió en otros países, para aclarar, sin cortapisas ni diatribas, los sucesos de aquellos años de verdadero terrorismo de Estado que ensombreció nuestra dignidad nacional.

El camino aún está en construcción, pero el sendero de la justicia ya está en proceso por dos cosas que a la luz de los acontecimientos se nos presentan como imprescindibles: alcanzar la justicia significa no repetir los sucesos execrables del pasado y garantizar que nuestras instituciones no sean usadas otra vez por criminales para intereses personales o como botín económico y político.

Ante el creciente descontento social por una política económica que expulsa y empobrece a la mayoría y la poca credibilidad a cuatro años del gobierno foxista, las voces del olvido y del endurecimiento se vuelven a oír. Ya fuimos testigos de la represión y torturas contra los jóvenes altermundistas en Guadalajara y hemos conocido la muerte del estudiante Pável González en un contexto enrarecido por los pronunciamientos amenazantes de presuntos grupos de ultraderecha.

La lucha por la justicia en torno a los crímenes del pasado y del presente es vigente. Por ello debemos cerrar paso a las voces de la represión. Debemos ajustar cuentas con el pasado reciente y sentar de una vez por todas el precedente de saber la verdad y enjuiciar a los responsables de actos bárbaros y degradantes.

También se está marcando en el ámbito internacional -gracias a la perseverancia de seres anónimos, civiles la mayoría- la jurisdicción universal de los derechos humanos y ante la cual México está comprometido. Legisladores y gobernantes deberán revisar la acción jurídica válida para procesar a los genocidas y torturadores, criminales de lesa humanidad.

La memoria se sigue debatiendo contra el olvido. El 2 de octubre es una fecha para alentar la primera y desterrar el segundo.

* Periodista. Trabaja en Radio Educación.