Adolfo Gilly/ II y última

La universidad y las regalías de radio y televisión

En 1990, después de muchas vicisitudes, realizamos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un Congreso Universitario. Tengo entre mis papeles la Declaración de Principios de la UNAM, una propuesta aprobada por unanimidad en la comisión respectiva y llevada al último plenario del congreso por el doctor José Laguna, presidente de dicha comisión, para que su aprobación por amplia mayoría, ya aceptada por todos y en especial por los representantes de rectoría, fuera el cierre de un acto en el que habían abundado las divergencias y las polémicas.

Leyó el doctor Laguna la propuesta desde la tribuna del congreso y, a la hora de alzar la mano, los miembros de la comisión y todos cuantos no estábamos en los secretos del Palacio, vimos con asombro que los representantes de rectoría, rompiendo sus compromisos, votaban en contra e impedían la aprobación de un documento al cual habían dado su acuerdo hasta media hora antes de su lectura.

ƑA qué viene ahora esta memoria? A que todavía recuerdo las caras desoladas de algunos de los que tuvieron que votar de esa manera; y a que sigo pensando que ese documento, acordado entre todos y vetado desde afuera y desde arriba en los minutos previos a su votación, sigue valiendo en muchos de sus términos, algunos de cuales citaré porque hacen al tema que ahora nos ocupa.

Decía entre otras cosas aquella Declaración de Principios:

-La Universidad Nacional Autónoma de México es una comunidad de cultura integrada por profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores. Tiene como tareas primordiales la enseñanza, el estudio y la investigación de las humanidades y las artes, la ciencia y la técnica, y la difusión más amplia de los beneficios de la cultura, con el propósito fundamental de servir a la sociedad mexicana y a la humanidad. [...]

-La autonomía, conquista histórica y principio ético y legal, es condición esencial de la existencia de la Universidad Nacional de México. La autonomía se entiende como el derecho de la UNAM para gobernarse a sí misma al determinar su propia organización académica y administrativa, elegir sus autoridades, ejercer su actividad creadora y docente y definir su desarrollo conforme a procesos propios de planeación y libre administración de recursos. Para la Universidad Nacional, la autonomía no tiene más límite que el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada.

-La Universidad, definida en su proyecto histórico como institución de la sociedad, plural y democrática, es el espacio por excelencia para analizar y debatir todas las corrientes de pensamiento sin que la Universidad misma se identifique con ninguna de ellas. Al mismo tiempo, como entidad pública asume el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos. [...]

-Principios fundamentales del trabajo universitario son la búsqueda de la verdad; las libertades de estudio, de cátedra, de investigación, de confrontación de las ideas y de crítica; y el rechazo de toda forma de discriminación.

-Son condiciones de la vida universitaria la tolerancia, el respeto y la solidaridad; y sus ideales, la justicia, la paz y la libertad.

Si estas definiciones generales difícilmente podrían hallar hoy contradictores en el ámbito de la UNAM, Ƒpueden servir ellas como guía para los modos en que la Universidad pueda abordar los grandes problemas externos a ella que al inicio se mencionan?

El 9 de octubre de 2001, Bernardo Gómez, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), declaró: "hoy me da mucho gusto informarles a todos ustedes que en este día se le dice adiós al 12.5 por ciento". Ese 12.5 por ciento era el tiempo-aire de transmisión que los concesionarios de radio y televisión estaban obligados por ley a ceder cada día al gobierno federal. "Durante 33 años este impuesto amenazó nuestra libertad de expresión por su incertidumbre, incluso impuesto que año con año negociaban los políticos del pasado con reglas ya del pasado", agregó el presidente de la CIRT (La Jornada, 10 octubre 2001).

En el adiós del declarante el júbilo era manifiesto: estaban recibiendo un inmenso regalo, un reconocimiento a su propio poder y a sus servicios al poder, una concesión sin contrapartida y sin que tuvieran que seguir negociándola a escondidas con los políticos de turno en cada sexenio. Por otra parte, el declarante no sin intención llamaba "impuesto" a lo que en realidad era una regalía debida al Estado por el uso y la explotación de un patrimonio público.

Ese tiempo, en efecto, correspondía al Estado en tanto pago de regalías por la concesión de los permisos a las empresas de radio y televisión. En principio, el derecho a percibir esa regalía sigue vigente y, conforme a los preceptos constitucionales, puede ser restablecido en cualquier momento. Rubro aparte son los impuestos que esas empresas, como cualquier otra, deben pagar sobre sus ganancias.

Viene entonces la propuesta.

La UNAM, según los principios que la sustentan, tiene el derecho y "el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos". Sin necesidad de entrar en conflicto con la Secretaría de Educación Pública y sin invadir jurisdicciones ni sustituir las obligaciones de otros, la UNAM puede encontrar medios mucho más amplios y de mayor alcance que los actuales para llegar al conjunto de la población con su capacidad acumulada de enseñanza y de difusión cultural, científica y artística.

Si en los años 20 del siglo pasado, en aquel inmenso e incomunicado país campesino apenas salido de la guerra revolucionaria, esa tarea la emprendieron maestros, intelectuales, artistas y estudiantes con los medios disponibles: ir a pie a los barrios populares o montar un burro y subirse a la sierra, hoy, sin menospreciar las ocasiones en que haya que caminar o andar en burro, disponemos de los medios electrónicos de difusión que alcanzan a todos los rincones del territorio nacional.

La propuesta es que ese 12.5 por ciento de tiempo-aire que graciosamente cedió el gobierno federal, sea recuperado por ley para el dominio público y entregado a la UNAM y en mancomún con ella a las universidades públicas de los estados. Debe ir incluido en ese 12.5 por ciento el uso de las instalaciones de los concesionarios y la cobertura por éstos de los costos de producción, para que el sistema de las universidades públicas pueda cumplir sus fines educativos, científicos, culturales, artísticos y deportivos en el territorio nacional. A esta tarea podrían aplicarse, en forma conjunta y complementaria, los grandes recursos mediáticos de que ya dispone la UNAM, hoy subutilizados por razones consuetudinarias que aquí no toca discutir.

Si ese caso llegara, Ƒestaría la universidad pública, tal como ella es hoy, en condiciones de cumplir esos cometidos sin quedar atrapada por sus propias estructuras burocráticas, sin que su acceso a la población se encerrara en la rutina, el aburrimiento y el didactismo; sin que, digamos, acabara produciendo algo parecido a una gigantesca "Hora Nacional"?

No puedo asegurarlo. Pero me permito suponer que, si el caso se presentara, del patrimonio intelectual y de conocimientos que hoy tenemos en la Universidad Nacional y en las universidades públicas en todo el territorio nacional saldrían las iniciativas, la inventiva, la originalidad y los talentos para responder al desafío, así como ahora salen arquitectos, médicos, científicos o historiadores de altos niveles internacionales.

El espacio cedido a esas empresas comerciales que son la televisión y la radio, y en especial a los dos grandes consorcios televisivos que dominan la programación y las pantallas caseras, en la educación intelectual, moral y sentimental del pueblo mexicano, es inconcebible. La renuncia al 12.5 por ciento -que nunca se había hecho efectivo- fue la última abdicación de un derecho y una obligación. Nada tiene esto que ver con la libertad de expresión y de información, sino con el mundo descarnado de las mercancías, la vulgaridad, la sinrazón, la desinformación y el chantaje político y cultural que hoy predomina en la televisión privada.

El tiempo de las universidades, utilizado al más alto nivel intelectual y técnico para sus objetivos de cultura, entretenimiento, cine, teatro, espectáculos, telenovelas, deportes y educación intelectual, artística y sentimental, podría hacer que el universo de la razón comenzara a invadir y a impregnar los que hoy son espacios en buena parte ocupados por la irracionalidad y el arbitrio.

Nada de esto suple la tarea por cumplir de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos de los estados en la escuela primaria y secundaria. Nada sustituye la urgente necesidad de elevar los ingresos y las condiciones de trabajo y de estudio de los maestros y las condiciones materiales y técnicas en las cuales los alumnos reciben la enseñanza. A las instituciones del Estado corresponde cambiar esa situación de las cosas, y no es éste el tema que aquí nos ocupa.

Por su parte la UNAM, si le fuera concedido el uso y los recursos de esas regalías que sólo por un abuso de poder impermisible el Ejecutivo renunció a recibir, podría contribuir a superar las dificultades y estrecheces actuales en la educación pública y, conforme a sus principios, cumplir con tecnología de punta "el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos".

Quiero decir aquí mi agradecimiento a la Universidad Veracruzana por haber organizado el foro académico Alternativa XXI: la distribución social del conocimiento y por el privilegio concedido al invitar mi participación