Ello fue documentado en 1973 por el gobierno de Luis Echeverría Alvarez

Halcones actuaron como francotiradores contra el Ejército el 2 de octubre de 1968

La Femospp solicitará órdenes de aprehensión después que la SCJN resuelva el caso del 10 de junio

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A 36 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, y a tres años de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) iniciara sus indagatorias, se han obtenido pruebas que acreditan que el gobierno de Luis Echeverría documentó en 1973 que los halcones habían actuado como francotiradores contra el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, y sin embargo no se actuó en consecuencia.

Funcionarios de la fiscalía indicaron que pese a los avances de la indagatoria siguen abiertas muchas líneas de investigación y hasta el momento lo único cierto es que la Femospp, órgano de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitará órdenes de aprehensión por genocidio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el caso del 10 de junio de 1971.

Las fuentes revelaron que a la investigación aún le faltan muchas diligencias por desahogar y archivos -como el de la PGR- por revisar; incluso, no se ha podido obtener documentación del gobierno de Estados Unidos respecto a lo acontecido. Sin embargo, ya se comienza a descartar el involucramiento del gobierno estadunidense en el asunto y un supuesto financiamiento de la embajada soviética para los estudiantes.

Sin embargo, la Femospp aseguró en un comunicado de prensa que ya elabora el pliego de consignación, que ''las indagatorias y demás actos ministeriales han quedado prácticamente concluidos'' y que ''la consignación se efectuará en el momento oportuno''.

Informes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), localizados en el Archivo General de la Nación y que fueron firmados por el capitán Luis de la Barreda Moreno, documentan que en 1973 el gobierno de Luis Echeverría obtuvo declaraciones de una persona ''seria'' en las cuales se afirma que los halcones ''estaban al servicio del gobierno y habían sido los que dispararon desde las ventanas de la unidad Tlatelolco en contra del Ejército'', el 2 de octubre de 1968.

El informe, elaborado el 5 de mayo a partir de declaraciones de Alfonso de la Serna y Salazar -empleado de una aerolínea y quien fue calificado de persona seria e inteligente-, señala que los halcones ''estaban encuadrados en las nóminas del Departamento del Distrito Federal en las secciones de Limpia, Parques y Jardines y otras actividades''. Agrega que oficialmente eran trabajadores de esa dependencia, pero cuyas funciones, bajo el nombre de agentes de seguridad del país, ''operaban como cuerpo represivo contra el pueblo y estudiantado''.

Supuestamente la DFS seguiría la investigación en torno a la existencia de los halcones, pero ésta nunca se llevó a cabo a pesar de que al menos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) había iniciado una averiguación previa por los hechos del 10 de junio de 1971.

Además de ese reporte existen otros documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que documentan la presencia de Manuel Díaz Escobar -jefe de los halcones- en actividades del movimiento estudiantil, y la infiltración de su personal entre los contingentes y su participación en ataques a escuelas del Politécnico durante el conflicto estudiantil. Sin embargo, durante las investigaciones que supuestamente realizaron las autoridades en 1971, tras la matanza del 10 de junio, se concretaron a interrogar a Manuel Díaz Escobar y nunca se le fincaron responsabilidades.

Primeras conclusiones

De acuerdo con las fuentes consultadas se perfilan conclusiones que señalarán que la inconformidad de los estudiantes se dejó crecer por parte del gobierno federal, y que las diferencias ente grupos políticos, así como un enfrentamiento entre el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marcelino García Barragán, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, fue lo que desencadenó la matanza, con el consentimiento de Luis Echeverría Alvarez, entonces secretario de Gobernación.

Para ello se ha considerado como una versión a confirmar lo afirmado por el entonces procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, quien dijo que la intervención del Ejército ''fue motivada a solicitud de las autoridades: Luis Cueto Ramírez (jefe de la policía), Alfonso Corona del Rosal (regente de la ciudad) y Luis Echeverría (secretario de Gobernación). El titular de la Sedena, Marcelino García Barragán, brindó apoyo para restablecer el orden público y la paz social''.

Según la información obtenida, entre los acusados estarían el ex presidente Echeverría; el capitán Luis de la Barreda, como subdirector de la DFS; el general Alberto Quintanar, por haber participado como instructor del Batallón Olimpia, y el ex oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Salvador Gallástegui Contreras, a quien según reportes oficiales de la PGR se le cambió su situación jurídica y pasó de testigo a inculpado.

Supuestamente, en esta consignación la Femospp sí acusará a varios militares en retiro, aunque una de las hipótesis es que los enviados por la Sedena a Tlatelolco no tenían la orden de atacar a los civiles que estaban en la Plaza de las Tres Culturas, sino desalojarlos. De acuerdo con las hipótesis de la fiscalía, la misión de los efectivos de la Defensa Nacional era auxiliar a la Policía Preventiva del Distrito Federal, y ''por medio del convencimiento impedir que los asistentes al mitin se trasladaran al casco de Santo Tomás''.

Además destaca que, según las investigaciones, no hubo desaparecidos a consecuencia de los hechos de Tlatelolco, como tampoco más de 40 muertos entre civiles y militares.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto no ha obtenido pruebas documentales o testimoniales de que a consecuencia de los tiroteos hayan fallecido centenares de asistentes al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), como lo señalaban reportes de la embajada estadunidense en México o las crónicas de periodistas presentes en los hechos.

Respecto a las investigaciones que realiza la Femospp, Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68, asegura que se ha tenido un gran avance, ''pues ya se está en el camino de llevar a los tribunales a los responsables de la matanza''. Consideró que ''no se debe descartar que por miedo, quienes hayan tenido algún familiar desaparecido continúen sin denunciarlo'', ya que, según él, ''hay reportes de la existencia de fosas clandestinas en distintos puntos del país, entre ellos el Panteón Dolores, en la ciudad de México; la Poza Menéndez, en Guerrero, y una zona cercana al Nevado de Toluca''.