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México D.F. Jueves 30 de septiembre de 2004 |
Acotar el poder televisivo
 En
la tercera jornada del foro Gobernabilidad democrática: ¿qué
reforma?, legisladores de todos los partidos y diversos comunicadores tocaron
uno de los puntos nodales del estancamiento que vive el país en
su proceso de democratización: el poder desmedido, fáctico
e indebido de los medios electrónicos, particularmente el duopolio
televisivo heredado del régimen priísta. El legislador priísta
Manuel Bartlett, el perredista Pablo Gómez y el panista Javier Corral
destacaron que uno de los obstáculos principales para sacar adelante
la reforma electoral es el conjunto de intereses comerciales de las dos
empresas televisivas, las cuales han encontrado un jugoso negocio en los
espots publicitarios de las campañas electorales. Señalaron,
asimismo, la necesidad de establecer una nueva ley que regule y controle
el desmedido poder acumulado por esos medios y asegurar un acceso equitativo
de todas las fuerzas políticas a los tiempos televisivos, poniendo
exclusivamente en manos del Instituto Federal Electoral (IFE) la responsabilidad
de comprar los tiempos de propaganda de los partidos.
Otro aspecto del problema, más preocupante si cabe,
es el hecho de que "el duopolio televisivo privilegia el rating, el
escándalo y el dinero por encima de la información", es decir,
posee el peligrosísimo poder de desinformar a la ciudadanía,
o de presentarle información distorsionada, en función de
sus intereses económicos y también políticos. Para
aquilatar esa afirmación baste con recordar dos hechos: la campaña
de linchamiento político realizada por Tv Azteca contra el entonces
jefe del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, tras el
asesinato de un conductor de esa empresa, Paco Stanley. Su muerte, que
fue, según los datos disponibles, resultado de un ajuste de cuentas
del narcotráfico, fue presentada el día del crimen, y en
los posteriores -junio de 1999-, como producto de la inseguridad urbana.
Más recientemente hay que evocar la hasta hoy oscura participación
de Televisa en la gestación y presentación de los "videoescándalos"
relacionados con actos de corrupción en el entorno del Gobierno
del Distrito Federal.
Más allá del hecho de que las corporaciones
televisivas poseen atributos regulatorios de facto en materia de
publicidad electoral está, pues, su vasta capacidad para afectar
o beneficiar a personalidades y organizaciones políticas, lo que
las convierte en actores informales, pero sumamente poderosos, de la vida
institucional y republicana.
Es cierto que hasta ahora las entidades que conforman
el duopolio televisivo se han limitado a establecer alianzas de mutuo beneficio
-cobertura a cambio de prebendas- con los gobiernos priístas y panistas,
en detrimento del resto del espectro político y de la pluralidad
que caracteriza a la sociedad. Pero el poder mediático incontrolado
ha dado lugar en otros países a verdaderas aventuras de toma del
poder, como la que encabezó en Brasil Fernando Collor de Mello a
principios de la década pasada y como el constante desfiguro político
que protagoniza en Italia el aún primer ministro Silvio Berlusconi.
En uno y otro caso el punto de partida de esos gobernantes no fue una fuerza
política, sino un conglomerado de medios.
Desde otra perspectiva, la capacidad de distorsión
de la vida cívica que llegan a acumular las corporaciones de comunicación
y entretenimiento es de tal magnitud que en muchos países, incluido
el nuestro, las encuestas que elaboran y difunden las compañías
de radio y televisión reciben con frecuencia más cobertura
que los resultados electorales oficiales establecidos por las autoridades
comiciales, y a veces las proyecciones privadas consiguen más credibilidad
que los recuentos formales de sufragios.
Es absolutamente necesario, en suma, que los señalamientos
de Bartlett, Gómez y Corral sean atendidos por sus colegas legisladores
y que ambas cámaras actúen en consecuencia a fin de acotar
y regular de manera eficaz, tanto por medio de enmiendas a las leyes de
telecomunicaciones y radio y televisión, como con reformas al código
electoral, el desmedido y antidemocrático poder de las corporaciones
de medios electrónicos.
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