Se refiere a la interrupción de embarazos producto de violaciones

Plantea ONG en Oaxaca iniciativa sobre el aborto

VICTOR RUIZ Y LA JORNADA DE ORIENTE CORRESPONSAL

Los abortos clandestinos, que cada año ponen en riesgo la vida de miles de mujeres en América Latina, podrían evitarse si dejara de penalizarse la interrupción de embarazos no deseados, pero esto no se ha concretado en la región como resultado del peso de las opiniones en contra, sobre todo emitidas por la jerarquía católica, afirmaron activistas en Apizaco, Tlaxcala. Mientras, en la capital de Oaxaca, el Colectivo Huaxyacac presentó al Congreso local una iniciativa respecto a los embarazos producto de violaciones.

Alma Rosa Botello, de Católicas por el Derecho a Decidir; Claudia Díaz Olivarrieta, del Programa del Consejo Poblacional para América Latina y El Caribe, y Elsa Conde, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, participaron en una mesa redonda celebrada en el campus Apizaco de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Las activistas coincidieron en que la Iglesia católica debe "escuchar y acompañar respetuosamente a las mujeres que enfrentan el dilema ético del aborto. No para decidir por ellas, no para imponerles, sino para crear condiciones en las cuales tomen una decisión con profundo discernimiento, con información veraz, con responsabilidad".

Conde señaló que la despenalización del aborto "se enfrenta a un orden moral sustentado principalmente en fundamentos religiosos, y a la existencia de un orden legal que penaliza a las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo". Botello comentó que "el aborto voluntario es la cancelación de un proceso de vida, y no lo queremos, pero la gran mayoría lo ha practicado no con felicidad ni con alegría, sino que lo decidieron como último recurso porque quieren evitar un mal mayor, evitar que ese ser en gestación carezca de una vida plena".

A su vez, el Colectivo Huaxyacac, que aglutina a 64 organizaciones sociales, presentó al Congreso de Oaxaca una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Penales estatal, que regularía la suspensión de embarazos a consecuencia de violaciones.

En nombre del colectivo, Angélica Ayala dijo que el proyecto define "nuestra postura ante un grave problema de salud pública como es la interrupción de un embarazo no deseado producto de una violación, realidad dramática que cobra vida y deja graves secuelas cuando se practica sin la protección de la salud pública y de manera clandestina".

CON INFORMACION DE VICTOR VARELA