La iniciativa es una aberración total que conlleva la persecución del GDF, dice

La reforma al 122, "otro traspié" del gobierno de Fox, señala Bartlett Díaz

El senador priísta asegura que no pasará la pretensión de recortar recursos a la ciudad

KARINA AVILES

La propuesta de reformar el artículo 122 constitucional para transferir los servicios educativos a la administración de la capital no se aprobará porque "es una aberración total", con "sentido político deleznable" que conlleva una evidente "persecución" al Gobierno del Distrito Federal, afirmó el senador priísta Manuel Bartlett Díaz.

Destacó que dicha pretensión es parte de los "traspiés que da el gobierno sectario de (Vicente) Fox", por lo que ni siquiera debería "tomarse en consideración; no tiene pies ni cabeza", afirmó.

Entrevistado en el contexto del foro La reforma del Estado y el Distrito Federal que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la intención de reformar el artículo 122 constitucional y, al mismo tiempo, restarle 9 mil millones de pesos al presupuesto del GDF, Bartlett expresó que es "una aberración querer hacer del golpe una reforma de algo que tiene que ser muy bien negociado y analizado para poder ir gradualmente equilibrando los presupuestos".

Al señalar que lo que existe es "arbitrario" y hay que "reordenarlo todo", el legislador manifestó que es "un absurdo decir 'vamos a quitarle al Distrito Federal', pero al estado de México ¿por qué no?, y al otro, ¿por qué no?"

Se eludió la descentralización

Recordó que el Distrito Federal no es el único que recibe un subsidio integral en razón de la historia de la entidad, ya que hay muchos estados que también tienen una aportación federal muy importante.

"Cuando se hizo la descentralización educativa este asunto se eludió. Yo la organicé, la dejé lista, pero se eludió por su complejidad y porque no se trata de ir y quitarle a uno". La aportación de recursos al área educativa de la Federación se tiene que hacer con base en un estudio cuidadoso, pues es un trabajo serio de redistribución que tendrá que ir por partes, añadió.

Los problemas, destacó, no se arreglan como el gobierno federal pretende hacer: "a base de golpes, que además tienen un sentido político deleznable", igual que ocurrió con el conflicto del Seguro Social.

-¿Y si se aprueban estas reformas?

-No se van a aprobar.

-Se habla de que su partido y el PAN van juntos en esto.

-Yo presido la Comisión de Puntos Constitucionales y le quiero decir que es una aberración total que no debe ni siquiera tomarse en consideración. No tiene pies ni cabeza.

Por su parte, en entrevista por separado, el director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edmundo Elias Musi, destacó que en materia educativa la Federación tiene la obligación de contribuir con los estados y los municipios para que se cumpla con la función social de proporcionar enseñanza.

En ese sentido, enfatizó que la obligación del Ejecutivo federal es velar por que no se quede sin educación ningún estado, ningún municipio y mucho menos el Distrito Federal, donde además se concentra el mayor porcentaje de la matrícula nacional.

Lo que se pretende es aprovechar la facultad que tiene el Congreso de legislar sobre los asuntos del Distrito Federal para "imponerle" al gobierno capitalino la obligación de los servicios educativos.

Sin embargo, para ofrecer educación se requiere de presupuesto y la administración local está equiparada con una entidad, por lo que también se le tiene que apoyar económicamente para satisfacer esas necesidades, manifestó.

En síntesis, dijo que más allá de una cuestión jurídica se trata de una cuestión política, porque el presupuesto del gobierno de la capital sufrirá una merma para proporcionar educación.