El ex presidente de AHMSA cumple 80 días en prisión por presunto fraude fiscal

El gobierno de Fox no ofrece garantías de juicio justo, afirma Autrey en España

Se engañó a varios países al obtener una orden internacional con falsa acusación, dice

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de septiembre. El ex presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Xavier Desiderio Autrey Maza, señaló que su encarcelamiento es un hecho ''desproporcionado'' y que el gobierno del presidente Vicente Fox ''no ofrece garantías'' de un juicio justo, una vez que ''ha engañado a varios Estados'' en el contexto de su procesamiento por presunto delito fiscal.

En su segunda comparecencia ante la jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, Teresa Palacios, Autrey solicitó de nuevo su liberación tras 80 días de encarcelamiento, al tiempo que se declaró inocente de la supuesta falta de pago de 24 millones de pesos por concepto de impuestos, que es precisamente el presunto delito por el que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó su aprehensión y solicitó su extradición a la justicia española.

La declaración judicial de Autrey y de Juan Carlos Carredaño, ex vocal de AHMSA y también acusado y detenido por los mismos delitos, fue resumida por la propia magistrada en un documento llamado ''Acta de comparecencia'', a la que tuvo acceso La Jornada.

En el texto, el ex presidente de AHMSA se negó a ser extraditado a México bajo varios argumentos. Por ejemplo, declaró que cuando fungía como consejero de la empresa siderúrgica ''siempre instruyó sobre el pago oportuno de obligaciones fiscales, inclusive ofreciendo activos en pago''.

Autrey reconoció que ''los impuestos de referencia fueron pagados a destiempo, aunque dentro del ejercicio fiscal correspondiente, y con actualizaciones y recargos, el mismo fiscal en México en averiguación previa dio el peritaje de que fueron pagados dichos impuestos''.

El empresario también rechazó que exista riesgo de fuga, la principal justificación para mantener su encarcelamiento, al sostener que se presentó ''voluntariamente en dos ocasiones ante la justicia'' española cuando se enteró de que se había girado una orden de busca y captura internacional en su contra, al tiempo que declaró que ''mucho menos hay posibilidad de fuga ahora que empieza el juicio de extradición, que era lo que buscaba o deseaba''.

Autrey, quien desde su detención en la Isla de Menorca el pasado 12 de julio ha denunciado una supuesta ''persecución política'' en su contra por parte del gobierno de Fox, afirmó ante la magistrada que ''sí se cuestionan las garantías que ofrece México, pues ha sido capaz de engañar a varios Estados al obtener una orden internacional con la falsa acusación de que no se han pagado los impuestos, mismos que habían sido pagados casi un año antes de dicha orden''.

El ex presidente de AHMSA también acusó al gobierno de haber ''incumplido'' el compromiso de ''eliminar cualquier acción legal'' cuando se hiciera efectivo el pago de los citados impuestos.

Autrey añadió durante su comparecencia que ''ya han procedido en México para aclarar el indebido ejercicio de autoridad mediante denuncias contra el fisco, el fiscal y el juez y ante derechos humanos y la contraloría'', además de denunciar que la ''injusta privación de su libertad sólo le ha traído como consecuencia el retraso en la restructuración financiera de la empresa en cuestión, AHMSA, y que este retraso está ocasionando pérdidas patrimoniales a los accionistas''.

Autrey finalizó su segunda declaración judicial, antes de ser devuelto a su celda de la prisión madrileña de Alcalá-Meco, con la petición de ''tramitar el juicio al lado de su familia", proceso judicial que podría prolongarse varios años.

Carredaño, por su parte, declaró que ''estaba fuera de su país debido a la situación económica, no porque huyera de algo. Por eso cuando llegó la orden de aprehensión estaba fuera de su país y la propia orden manifiesta que el impuesto está pagado''.

El caso de Autrey y Carredaño está a la espera de una resolución judicial para determinar si se concede la libertad provisional, que podría llevarse a cabo la próxima semana.