John Saxe-Fernández

El gobierno colonial

Cuando se analizan las enormes cifras acumuladas erogadas por México como pago del servicio de la deuda, que indican que ha sido pagada varias veces, conviene tener presente que no se trata de un asunto únicamente económico.

En sus orígenes y evolución es un problema de orden político que afecta de manera profunda dimensiones sumamente delicadas del proceso de toma de decisiones. La "solución" también es más cuestión política que técnica. Cabe recordar que desde el estallamiento de la crisis deudora de 1982 el país ha sido sometido de manera crónica a un régimen ampliamente dominado por los criterios e intereses de los acreedores, fundamentalmente de Estados Unidos. Pero la forma en que se "resolvió" esa crisis no fue resultado de fuerzas económicas inexorables, sino la expresión de la incapacidad de los encargados de negociar la perspectiva del interés público nacional mexicano ante los acreedores. A 22 años del acontecimiento, y siendo generosos, quizás más que "incapacidad" podría hablarse de "falta de voluntad política", de "confusión conceptual" o, de plano, de identificación emocional con las necesidades de la banca acreedora, asunto que sólo podría dilucidarse desde un couch sicoanalítico, por cierto un espacio también adecuado para ventilar el endémico sometimiento de Fox a los programas del Banco Mundial (BM).

El estudio sicoanalítico del entreguismo, la traición y la culpabilidad que le sigue no es nuevo. El desaparecido sicoanalista Ignacio Millán indagó junto con Richard Barnet cómo se observaba el fenómeno entre el empresariado nacional sometido a las directrices de los altos ejecutivos extranjeros. Hacemos este planteamiento porque el encargado durante el gobierno de Reagan de negociar la deuda con nuestro gobierno manifestó en una entrevista su sorpresa de que los representantes del gobierno mexicano, en lugar de impulsar el interés del país en la mesa de negociación, se pasaban al otro lado y adoptaban la postura de los acreedores, algo que, siendo muy generoso, atribuyó a "errores conceptuales", es decir, que "nuestros" negociadores asumieron que la crisis era un problema de caja y no la manifestación de un grave desajuste estructural. Pero el estadunidense dice que quedó perplejo ante el acatamiento de nuestros funcionarios a las indicaciones que les hacía de no utilizar el arma de la "moratoria" o su obediencia para abstenerse de articular y operar desde una coalición de deudores. "Les dijimos que no lo hicieran, šy lo acataron!", lo cual contrastaba con el hecho de que los acreedores sí actuaban coligadamente. Y cuando la periodista le preguntó: "Y usted, Ƒqué habría hecho?", replicó que de haber sido un negociador mexicano, habría coordinado su postura con la de los principales deudores latinoamericanos y confrontado a los bancos con una moratoria colectiva para lograr una postura más ventajosa, en términos de no sacrificar el desarrollo nacional por el pago del servicio de la deuda y de no aceptar empréstitos para pagar adeudos anteriores.

Conviene no olvidar estos detalles ahora que enfrentamos los efectos acumulados de dos decenios de masivas transferencias de recursos a favor de los acreedores. Paralelo al considerable desvío de la inversión pública al pago de la deuda -y de los rescates-, se profundizó la necesidad de recurrir a los préstamos para pagar obligaciones anteriores y para cubrir los faltantes presupuestales. Se trata de líneas de crédito altamente condicionadas, manejadas por instituciones como el BM y el BID. Es decir, que junto con el endeudamiento crónico se intensificó la influencia de los acreedores en el diseño presupuestal y desde ahí se impacta de manera amplia sobre el proceso de toma de decisiones en secretarías de Estado (salud, educación, agricultura), direcciones generales, empresas estratégicas, etcétera. Los efectos acumulados apuntan a la existencia y operación de un "gobierno paralelo" o, si se desea, de una auténtica administración colonial del país. Así lo puede inferir quien se asome a la vasta masa documental sobre los programas y operaciones del BM en México. Por ejemplo, en el desfinanciamiento crónico de entes de interés para el empresariado extranjero como el IMSS, Pemex y CFE, o de áreas como la educación pública superior, medio ambiente, agua, biodiversidad, entre otras, para inducir su privatización.

El informe núm. 28141-ME del 15 de abril de 2004 describe el programa del BM para México de 2005 a 2008. Es un esquema transexenal orientado a garantizar la continuidad de la política económica. El BM opera como un verdadero partido político de los inversionistas extranjeros y sus socios locales y lo hace con abundantes recursos para el cabildeo: cerca de mil 300 millones de dólares anuales en préstamos. Para el BM la universidad es un bien privado, no público. Por lo que llama la atención su interés en establecer en la UNAM, entre 2007 y 2008, un laboratorio para el monitoreo y evaluación de los programas gubernamentales.

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