''Vuelta atrás'', que diputados bloqueen $6 mil millones para el IPAB: banqueros

La Suprema Corte decide intervenir en el caso del amparo de cuatro bancos

Las instituciones objetan el informe de resultados de la cuenta pública 2001 que busca reducir pagarés del Fobaproa

JESUS ARANDA

La Suprema Corte resolvió ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo interpuesto por Grupo Financiero Bancomer, Banco Internacional, Bital y Banorte en contra de la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior, y el informe de resultados de la cuenta pública de 2001 que contiene recomendaciones y observaciones tendientes a reducir el monto de los pagarés suscritos a favor de los bancos de parte del Fobaproa.

Por unanimidad, el máximo tribunal acordó sumar ese juicio a otros tres en los que ya ejerció también facultad de atracción en los que los principales bancos del país reclaman a la autoridad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitir observaciones, recomendaciones, conclusiones y pronunciamientos contenidos en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 en lo correspondiente al Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Trascendió que, pese a que existe un acuerdo entre los bancos para desistirse de estos amparos y evitar una segunda sentencia condenatoria -el juzgado noveno de distrito les negó el amparo-, la Suprema Corte no ha recibido notificación oficial al respecto y seguirá el trámite correspondiente. Sin embargo, continúa en proceso la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF por la presunta ''invasión de esferas'' en que habrían incurrido los auditores al ordenar a la Secretaría de Hacienda el no pago de pagarés a los bancos en los casos en los que se encontraron irregularidades.

En este contexto, el juzgado noveno de distrito en materia administrativa determinó el pasado 5 de enero sobreseer el juicio de amparo que interpusieron los bancos señalados, en razón de que los actos de la auditoría ''no constituyen actos de autoridad para efectos de juicio de amparo''. Ello en razón de que las recomendaciones de la ASF ''no son de observancia obligatoria para la autoridad administrativa, ni existe medio alguno para asegurar su debida ejecución''.

La sentencia del juzgado estableció que si las autoridades a las que se dirigen las recomendaciones estiman que el auditor superior se excedió en sus facultades, es entre autoridades donde debe dirimirse esa situación, pero la ASF no mantiene ninguna relación con los bancos, por lo que ''no es autoridad'' para efectos de amparo.

En suma, el juzgado noveno de distrito prácticamente convalidó la actuación de la ASF en la revisión de la cuenta pública; aunque para el Ejecutivo federal ello significa una ''invasión de esferas'' que lo llevó a interponer la controversia constitucional referida.

En este recurso de amparo, que fue atraído por la Corte a petición de su presidente, Mariano Azuela Güitrón, los bancos objetan el Informe de la Cuenta Pública 2001 en el que se señala que los bancos quejosos ''no debieron participar en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera'', y con respecto a la aseveración de que ''el Comité Técnico del Fobaproa funcionó sin reglas de operación'' que le permitiera aprobar apoyos racionales a los bancos.

Cuestionaron también que la ASF acusara al comité de actuar discrecionalmente y que incluyeron créditos irregulares en el Fobaproa.

Los bancos también cuestionan la declaratoria de la auditoría en sentido de que ''existe una cantidad importante de créditos de las quejosas que fueron transferidos al Fobaproa sin cumplir con las bases de capitalización''.

Cabe destacar que en esa sentencia, que será tomada en cuenta en la controversia constitucional en curso, el juez noveno de distrito convalidó que la ASF tiene ''facultades amplias'' para revisar, fiscalizar y evaluar el gasto público, además de que puede formar pliegos de observaciones y determinar daños y perjuicios que afecten a la Secretaría de Hacienda u otras entidades públicas y con ello ''fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecunarias correspondientes''.

Además, puede fincar responsabilidades e imponer sanciones a los responsables por el incumplimiento a los requerimientos de información que solicite.

El tema está solventado, según los financieros

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Como ''una vuelta para atrás'' fue interpretada en círculos bancarios la decisión de la Cámara de Diputados de bloquear fondos por 6 mil millones de pesos, que fueron solicitados por el gobierno federal para cubrir el costo de un acuerdo firmado en julio pasado entre el Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte.

''Nos preocupa que salga nuevamente a la discusión un tema que está solventado'', aseguró este martes Luis Peña Kegel, director general del Grupo Financiero Banorte. Mientras tanto, el IPAB aseguró que como resultado de este acuerdo no será necesaria una partida adicional de recursos fiscales.

El jueves pasado en la Cámara de Diputados, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) del Trabajo (PT) y Convergencia -que juntos hacen mayoría- hicieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazan el alcance del acuerdo alcanzado por el gobierno y los bancos para hacer el intercambio de unas obligaciones emitidas al margen del Congreso por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por títulos avalados por el IPAB, que en tal sentido tendrían carácter de deuda pública.

Opiniones encontradas

Para hacer frente a los compromisos derivados de ese acuerdo, en 2005 se tendrían que canalizar a los bancos involucrados 6 mil millones de pesos, adicionales a lo que cada año se destina a financiar el costo del rescate bancario, según las fracciones parlamentarias, que se oponen a la aprobación de esa partida hasta que las operaciones involucradas no sean objeto de una auditoría y no antes de la revisión, como se desprende del acuerdo entre el gobierno y los bancos.

''Me preocupa que los legisladores no hayan leído correctamente la información sobre este acuerdo'', dijo Peña Kegel a pregunta de La Jornada.

En el convenio del 15 de julio sólo se incluyeron los apoyos recibidos por los bancos a partir de 1995 a través del llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que tenían un valor actualizado de 230 mil millones de pesos. El acuerdo final implica que el IPAB asume obligaciones por unos 130 mil millones de pesos y se devuelven a los bancos créditos relacionados -que fueron otorgados a los mismos accionistas y no fueron pagados- por 9 mil 700 millones de pesos.

''El acuerdo firmado con Hacienda y el IPAB señala que se devolvieron a los bancos todos los créditos relacionados que se habían detectado'', añadió Peña Kegel.

''Me preocupa que los diputados pidan que se devuelvan los créditos relacionados. Eso quiere decir que no leyeron bien, esos créditos ya fueron regresados a los bancos, los cuales ya dieron un cheque al IPAB por 9 mil 700 millones de pesos'', añadió.

El director general del Grupo Financiero Banorte aseguró que las auditorías a las operaciones del PCCC serán concluidas en marzo y sólo hasta esa fecha los bancos harán el intercambio de los bonos emitidos por el Fobaproa por títulos avalados por el IPAB.

''En este momento, ninguno de los cuatro bancos tiene en sus balances títulos avalados por el IPAB, no se ha hecho ningún intercambio, todo será hasta que concluyan las auditorías y esperamos recibir la seguridad de que éstas serán las últimas revisiones'', comentó.

''Nos preocupa esta vuelta para atrás'', dijo el ejecutivo bancario, expresando un sentimiento que existe en las cuatro instituciones que consideran -a diferencia de la mayoría del Congreso- que el tema del rescate bancario -que ampara una deuda total de más de un billón (millón de millones) de pesos-, es una discusión superada.

El IPAB sostiene que no habrá necesidad de recursos adicionales a los que se vienen solicitando cada año para solventar las obligaciones derivadas del acuerdo del 15 de julio pasado.

Según información del IPAB, será hasta que se conozcan los resultados de las auditorías ordenadas por su junta de gobierno y que se hayan ''aplicado las consecuencias'' que resulten de las revisiones, que el instituto emitirá los instrumentos de pago o pagarés del IPAB.

Estos pagarés mantendrán en conjunto el mismo valor, plazo, pagos de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago emitidos por el Fobaproa a partir de 1995, cuyo vencimiento era en general a 10 años con una tasa de interés equivalente a la de los Certificados de la Tesorería de la Federación.