Luis Linares Zapata

Compromisos inocultables

La parte final del sexenio de Fox estará marcada, según apuntan dichos y acciones, por prioridades económicas: la reforma energética y la de pensiones para el retiro son sus querencias y compromisos. Ambas planteadas con anticipación, pero con serias dificultades prácticas para su concreción, mucho de ello debido a posturas de naturaleza ideológica. Para desmenuzar los detalles que las hicieran viables, previamente se emprendieron estudios fondeados con recursos de organismos multilaterales o de empresas interesadas en participar en el negocio. Se sabe que ha sido la capacidad de operación política para ultimarlas la que ha flaqueado. Sin embargo, en tiempos recientes todo parece alinearse a conveniencia del oficialismo y se piensa que el momento para llevarlas a buen final está a la mano. El acuerdo cupular de la administración de los gerentes con la jerarquía priísta ha sido ensayado, aunque con cuestionada efectividad, en las modificaciones a la ley que rige al IMSS. Este principio de acuerdo puede ser replanteado con nuevos tonos, según pudo verse durante el informe presidencial y la respuesta que al Presidente recetó Mario Fabio Beltrones.

Acuerdos sí, pero bajo ciertas condiciones, adujo el priísta que pretende cubrir los pruritos nacionalistas que todavía afectan a parte sustantiva de sus correligionarios. No se quiere, en principio, trasladar monopolios públicos hacia el ámbito privado. Tampoco se tiene el ánimo, según adujo el orador, de colaborar a formar oligopolios que controlen sus mercados para detrimento de los consumidores. Matices y supuestos adicionales que pueden ser presagios de fuertes presiones y costos a pagar por los interesados en llegar a los acuerdos que destapen los cuellos de botella económicos y políticos.

Varios hechos que se apilaron con gran velocidad confirman la tendencia arriba descrita. El director del ISSSTE presentó en días pasados un esbozo del diagnóstico y concomitante proyecto que financió el Banco Mundial para hacer frente al reto planteado por las pensiones de los servidores públicos. Hay que modificar el dispar sistema para el retiro que actualmente está en funciones por otro que permita individualizar las cuentas de cada asegurado, planteó González Ruaro, un subordinado de la maestra Gordillo que funge a este respecto como improvisado agente del Banco Mundial y de los hacendistas mexicanos afiliados a esas mismas directrices.

Según su versión, el instituto y el erario no tienen los recursos para hacer frente a los requerimientos de una creciente población de burócratas públicos que irá envejeciendo. Y, en parte al menos, es cierto lo que alega. No se previeron, menos aún se hicieron, las aportaciones que pudieran fondear las exigencias de los retirados del apartado B. Un abigarrado y afluente conjunto que se visualiza como un futuro mercado para las administradoras de fondos (Afore). Estos nuevos aportantes complementarían a los más numerosos, pero de menor salario promedio, trabajadores del apartado A que ya cayeron bajo el control y para el beneficio de esas voraces Afore. De lograrse tal cometido, el asunto de las pensiones quedaría resuelto, sostienen los promotores del nuevo sistema individualizado. Bajo este esquema, los burócratas podrían aspirar, mediante la aportación de un 10 o 15 por ciento de su salario y al final de su vida útil (unos 30 años de servicios) a una pensión igualada al salario mínimo. Si, de manera voluntaria deciden los servidores públicos elevar sus aportaciones mensuales, entonces la pensión podría incrementarse hasta llegar a dos o tres de esos salarios. Un retiro que sin rubor los proponentes denominan digno. Las obligaciones solidarias del patrón, en este caso el gobierno federal, y de idéntica manera, como le fueron condonadas a los empleadores del sector privado, se relegan a forzado olvido.

Una vez negociada la reforma al ISSSTE quedan algunos pendientes menores para integrar, entonces sí, un sistema único de pensiones en el país. A éste se le agregarían los burócratas de los estados, de los municipios, de las universidades oficiales, las empresas paraestatales y la banca de inversión pública; un conjunto de verdad apetecible para los financieros internacionales.

Dos son los propósitos que se esconden bajo la retórica eficientista de aquellos que las empujan. Una, la principal, es hacerse de los recursos de todos los servidores públicos. La otra es todavía más onerosa: usarlos para apoyar sus proyectos de expansión sin atender, en lo indispensable siquiera, las prioridades nacionales. El manejo de los fondos pensionarios es un negocio de gran calado. La banca internacional, que ya domina con ventaja el sistema de pagos, los seguros y buena parte de las pensiones, pasaría, casi en automático, a completar sus objetivos de dominación. Tan masivos haberes no podrán ser controlados por los reguladores, tal como no lo hacen con el IPAB, con las comisiones de los bancos, con la energía, las reglas para la competencia o con las Afore.

Se continúa creyendo que con un mínimo de conciencia y voluntad puede dotarse al Estado nacional de un indispensable margen de soberanía e independencia para realizar sus planes y visiones. Se solicita entonces que, como básica e indispensable condición al aprobarse la nueva ley del ISSSTE, organizar antes Afore públicas capaces de competir, en condiciones aceptables, en tan vital mercado. Ello haría la sencilla diferencia entre participar en los propios diseños o aceptar, de salida, ser un simple subordinado.