Gobiernos de países primermundistas se muestran renuentes a reconocerlos

Poco probable que la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas se apruebe este año

En el trasfondo estaría el interés por apropiarse de la tierra y recursos de las comunidades

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 28 de septiembre. "Solamente un milagro" permitirá que la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas sea adoptada antes de fin de año, cuando termina la Década de las Poblaciones Indígenas, lamentaron Adelfo Regino Montes, representante de Servicios del Pueblo Mixe (sierra norte de Oaxaca), y Saúl Vicente, delegado de la Coalición Campesina Estudiantil Indígena de México, voceros del sector indio en el grupo de trabajo donde el texto se debate desde hace más de 10 años.

El milagro -en el que tampoco creen los gobiernos, según una fuente diplomática latinoamericana- podría ocurrir entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, en que se realizará la última reunión sobre grupos originarios de la década; la verdad es que los representantes de los pueblos indios, como afirmaron, "no ven la luz al final del túnel" y continúan en la "indefensión jurídica".

Para estos delegados, en las dos semanas de discusiones recientes "los delegados gubernamentales se la pasaron peloteando" los temas centrales de libre determinación y territorialidad y no hubo avances sino retrocesos: Estados Unidos demandó la libre determinación condicionada al plano nacional, y previa garantía sobre integridad territorial, mientras que Francia exigió el cambio del término "pueblos" a "poblaciones indígenas", reabriendo un debate que se creía superado.

Tal postura no tendría otra finalidad que la apropiación de la tierra y los recursos naturales pertenecientes a los grupos étnicos para poner en marcha acciones desventajosas para ellos, como el Plan Puebla-Panamá, el megaproyecto del Istmo y el Corredor Andino, y explotar para beneficio estatal y transnacional ecosistemas, por ejemplo la selva Lacandona, los Chimalapas y la Amazonia, expresaron.

Los dos oaxaqueños alertaron sobre la posibilidad de que el presidente del grupo de trabajo, Luis Enrique Chávez (de Guatemala), intervenga en diciembre con la propuesta de un texto de declaración de inspiración personal y el llamado para su adopción durante una segunda década indigenista.

Según Adelfo Regino Montes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Europea, la Federación Rusa y China son los más empecinados en no reconocer los derechos indígenas, discutidos en el seno de la ONU desde hace más de dos décadas. Un texto provisional de la referida declaración fue adoptado en la Subcomisión para los Derechos Humanos en 1994, pero ha sido desconocido por los gobiernos. En 2002 se creó el Foro Permanente para Asuntos Indígenas en el seno de la ONU, pero no es el ámbito para ventilar el texto que contiene 19 párrafos preliminares y 45 artículos (solamente dos artículos, el 5 y el 43, tienen consenso).

Los estados se oponen igualmente a reconocer el sistema normativo indígena, que consideran un instrumento jurídico paralelo al federal; tampoco están de acuerdo sobre los derechos colectivos.

Montes y Vicente pidieron "flexibilidad" a los gobiernos; demandaron a la Presidencia mexicana ser consecuente con los acuerdos de San Andrés, dado que integran todos los derechos que son debatidos en el grupo de trabajo, y así resultan una base legítima para exigirlos dentro de la declaración.

Saúl Vicente concluyó que "se acerca el día en que los pueblos indígenas de México decidan adoptar como propio el texto ya aprobado por la subcomisión -en Canadá se hizo- y asumir la autonomía por vía del hecho, como hicieron los zapatistas en Chiapas".