La CNDH no ha tenido interés en el informe sobre detenciones, dice el gobernador

Ramírez Acuña, cómplice de tortura, aseguran altermundistas en un foro

JOSE GALAN Y JOSE DIAZ BETANCOURT REPORTERO Y CORRESPONSAL

El gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, es cómplice y promotor de la tortura al soslayar la oportunidad de esclarecer si este delito se cometió contra los llamados altermundistas momentos después de su captura en la marcha del 28 de mayo, con motivo de la llamada Cumbre de Guadalajara.

Así concluyeron los participantes en el Foro sobre Derechos Humanos y Tortura, celebrado en el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

El encuentro ocurrió la víspera de la llegada a Guadalajara de Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien dictará la conferencia La tortura y su tipificación".

El funcionario, quien sustituye en su visita programada a esta ciudad a José Luis Soberanes, titular de la CNDH, se reunirá con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local para hablar del mismo tema y expresar su versión del informe especial sobre los hechos citados, y que fue entregado al gobierno de Jalisco el 16 de junio pasado.

El gobierno estatal rechazó la recomendación para investigar a policías, aunque luego mostró disposición para reunirse con el ombudsman nacional y analizar el expediente.

El gobernador Francisco Ramírez Acuña consideró hoy que no ha habido interés de parte de la CNDH para reunirse con autoridades estatales y analizar el informe sobre la detención de altermundistas.

La CNDH "no ha solicitado ninguna entrevista con nosotros ni su presidente se ha comunicado con nosotros", agregó Ramírez Acuña.

"Lo que en su momento rechazamos fue abrir la investigación contra todo el cuerpo policiaco. Eso no lo voy a hacer, pero si presentan documentos y pruebas que (sustenten que) tal policía cometió arbitrariedad, con mucho gusto investigamos."

Afirmó que el gobierno del estado tiene "la conciencia limpia" con respecto a la actuación de la policía. La fuerza pública actuó "para evitar que vándalos destrozaran la ciudad; por ningún motivo lo íbamos a permitir".

Pero los participantes del Foro sobre Derechos Humanos y Tortura, Adrián Ramírez López, Jorge Gastón, José Luis Hernández, José Luis Díaz, además de representantes de organizaciones y testimonios de Patricia Barragán y José Cruz Luján, quienes fueron objeto de vejaciones de la policía tapatía y estatal, concluyeron que el Ejecutivo debe codyuvar para esclarecer los hechos, "porque la investigación de la tortura en el estado de derecho es acuciosa y apremiante y representa una urgencia de primera necesidad, porque alude a que se cometió un delito contra la humanidad", dijeron.

Al concluir el foro, integrantes de las organizaciones participantes emprendieron una marcha desde el complejo universitario al centro de la ciudad y se plantaron frente al palacio de Gobierno para exigir la liberación inmediata de 15 altermundistas detenidos en Puente Grande.

Día del funcionario en la representación del gobierno de Jalisco en el DF

Miembros de la Caravana Carlo Giuliani, amigos y familiares de los altermundistas detenidos en Guadalajara se manifestaron ayer ante la sede de la representación del estado de Jalisco en esta ciudad, donde nadie los atendió porque, según informó por teléfono uno de los empleados, fue Día del funcionario y no había nadie en esas oficinas. Sin embargo, colocaron carteles y gritaron consignas en contra del gobierno de Francisco Ramírez Acuña.

Pretendían entregar un escrito en el que lamentan la actitud del gobernador jalisciense, al afirmar que a cuatro meses de la detención de quienes se manifestaron en Guadalajara durante la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, aún enfrentan "la negligencia, el abuso de autoridad y la incompetencia jurídica" por parte de las autoridades de Jalisco, "penosamente a cargo de Ramírez Acuña".

El gobernador, sostiene el documento, "ha mostrado indiferencia y descalificación" ante los pronunciamientos de la CNDH y otras organizaciones que defienden los derechos humanos en México; de International Human Rights Watch, del Parlamento Europeo, del comisionado de las Naciones Unidas, de Aministía Internacional, de legisladores mexicanos, e inclusivedel propio Presidente de la República.