Busca Vicente Fox impedir que se audite el Fideicomiso de Aduanas

Responderá la ASF el 20 de octubre a la controversia constitucional del Ejecutivo

Se detectó un presunto desvío de recursos por más de 2 mil millones de pesos

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y JOSE ANTONIO ROMAN

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) responderá, el 20 de octubre, a la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Vicente Fox para impedir que se audite el Fideicomiso de Aduanas, a la cual le dio entrada la Suprema Corte de Justicia el 3 de septiembre pasado.

La respuesta será integrada en forma conjunta por las coordinaciones jurídicas de la Cámara de Diputados, de la Unidad de Evaluación y Control y de la Auditoría Superior de la Federación, pues la intención del Ejecutivo es que la Corte invalide la Ley de Fiscalización.

"Se quiere truncar al Poder Legislativo la atribución constitucional de fiscalizar cualquier recurso público, donde esté: en una asociación civil, en una fundación, en un fideicomiso, en los municipios, estados; cualquier recurso público aprobado por la Cámara de Diputados debe fiscalizarse y el gobierno de Fox quisiera que no intervengamos", cuestionó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Sánchez Vázquez.

El legislador del PRI informó que dicho fideicomiso fue constituido para captar los derechos por trámites aduaneros (DTA) que se cobra a importadores y exportadores por recibir asesoría informática para los trámites que deben realizar ante aduanas.

La ASF emprendió una investigación cuando se detectó un presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos por DTA, que no fueron reportados a la Tesorería de la Federación en los ejercicios fiscales 2001 y 2002.

La investigación reveló también que se transfirieron recursos a la empresa Integradora de Servicios (Isosa), constituida con recursos de Nacional Financiera en 1993 por los actuales secretarios de Hacienda y Gobernación, Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, respectivamente.

Al detectar la irregularidad, la ASF exigió a Hacienda información sobre el manejo de los recursos, que le fue negada con el argumento de que en este caso también se aplica el secreto fiduciario. Nafin ostenta 99.9 por ciento de las acciones de Isosa, por lo cual la ASF la considera una empresa de participación estatal mayoritaria y, por tanto, es auditable.

Hacienda se inconformó y presentó ante la Corte la controversia constitucional, que fue admitida con el número 84/2004 el pasado viernes 3 de septiembre, en la cual quedó especificado que la parte demandada la constituye el Congreso de la Unión, además de la ASF, "en virtud de que ésta es una dependencia auxiliar de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la revisión de la cuenta pública que tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y a la que se le imputa el acto reclamado".

Asimismo, la comisión de vigilancia aprobó ayer el calendario de auditorías a la Cuenta de la Hacienda Pública 2003.