El cuestionario actual no incorpora todos los rubros para registrar el ingreso per cápita

El INEGI deberá incluir en el censo de población indicadores para medir pobreza

JOSE ANTONIO ROMAN, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) incluir en el cuestionario del conteo de población 2005 indicadores que permitan la medición real de la pobreza en el país.

Como aparece en la versión para prueba de campo, la información obtenida sería insuficiente, pues no se incorporan todos los rubros necesarios que posibilitan medir los componentes del ingreso per cápita; están fuera indicadores de propiedad, servicios de vivienda y uso de servicios de salud, entre otros.

Presentado por el diputado perredista Julio Boltvinik, pero firmado por todas las fracciones, el documento aprobado como "de urgente y obvia resolución" explica que en el ingreso corriente per cápita se deben considerar los ingresos percibidos por el trabajo, rentas, pensiones y jubilaciones, y en general toda transferencia monetaria recibida. Pero en el cuestionario ampliado se captan solamente los ingresos derivados del trabajo u ocupación principal.

En la sesión de ayer, en otro tema, con 382 votos a favor y sin ninguna abstención ni voto en contra, el pleno de legisladores aprobó la inscripción, con letras doradas, del nombre de Nezahualcóyotl en el Muro de Honor del Recinto Legislativo, propuesta presentada por el perredista Iván García Solís, quien en su argumentación resaltó la importancia de elevar simbólicamente nuestra herencia prehispánica, ya que hasta la fecha se cuenta sólo con el nombre de Cuauhtémoc. Todo esto con motivo del sexto centenario del natalicio de uno de los mejores representantes del reino texcocano.

De igual forma se aprobó, mediante sendos puntos de acuerdo, por una parte, citar a la "brevedad posible" al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, a una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para informar sobre los resultados de las auditorías al grupo Provida por supuesto desvío de recursos del erario, y, por la otra, solicitar a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública toda la información sobre los fideicomisos y figuras análogas.

En este último punto, según lo expresan los considerandos del acuerdo, son reiteradas las denuncias de irregularidades en la asignación y ejercicio de recursos públicos que se destinan a los fidecomisos y a figuras análogas. Incluso se han utilizado estas figuras jurídico-administrativas para triangular asignaciones presupuestales y esconder, o al menos tender una cortina de humo, con el propósito de ocultar los destinatarios reales de dichas asignaciones y los objetivos -al menos irregulares- que con ellos se persiguen, evitando con diversas prácticas la rendición de cuentas a la que están obligados.

Informes sobre el presupuesto

Posteriormente, se aprobó otro punto de acuerdo donde se establece que las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, por medio de las coordinadoras sectoriales, envíen a la Cámara de Diputados los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en cada capítulo y concepto de gasto. Se solicita presentar la evaluación de resultados de cada uno de los programas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, y a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.

En una sesión prácticamente de trámite, en la que abundaron los puntos de acuerdo, los diputados aprobaron uno por el que se determina que la rectoría del agua tenga tratamiento de tema estructural prioritario y, para el efecto, se realicen las reformas que sean necesarias, tanto presupuestales como jurídicas. Incluso, los legisladores del PVEM se dieron tiempo de presentar una iniciativa para privilegiar la participación de los jugadores de futbol nacidos en México, con lo cual se propone que en los partidos de primera división profesional deberán alinear cuando menos ocho jugadores mexicanos por nacimiento, y en las categorías menores un mínimo de nueve.