Señala la dificultad de combatir la pobreza sin que aumenten las partidas para ello

Vázquez Mota: la desigualdad, factor a considerar en las reformas estructurales

Enrique Iglesias subraya la necesidad de desarrollar programas de largo plazo en AL

ALMA E. MUÑOZ

Con un reconocimiento explícito de lo difícil que resulta vivir en paz en una sociedad con extrema desigualdad, que en América Latina significa 223 millones de pobres, 105 millones de los cuales están en la indigencia, se inició la primera conferencia internacional sobre la institucionalización de la política social para la superación de la pobreza.

Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedeso), señaló la urgencia de establecer reglas claras para dejar de trabajar en México con esquemas de corto plazo que fueron diseñados para "otro momento político, otro entorno económico y otra escala de carencias sociales".

Aceptó que pese a los avances habidos en el país, "aún no sabemos cuántos años" se requerirá estar bajo el auspicio de instrumentos de política social para superar la pobreza.

Mientras Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alertaba sobre los riesgos de vivir en naciones con "déficit democrático, que en ocasiones se expresó con los nombres de autoritarismo, clientelismo, populismo, corrupción y captura de instituciones y políticas públicas por intereses particulares", Vázquez Mota defendió el fortalecimiento de esquemas como Oportunidades, en detrimento de otros:

"No es un agravio. Eliminamos programas que no estaban funcionando y que aumentarían el costo político para quien estuviera defendiéndolos".

Durante la inauguración, a la cual asistió el presidente Vicente Fox, Iglesias insistió en la incorporación de políticas de largo aliento para tener más beneficios, sobre todo en países latinoamericanos, donde la magnitud de la pobreza contrasta con el nivel de desarrollo económico alcanzado.

Consideró que ello impactaría en el déficit democrático de las naciones, lo cual dio origen a "crónicas situaciones de inestabilidad política y de cambios abruptos en el balance del poder y en las reglas del juego que minaron la continuidad de las políticas públicas".

Para el presidente del BID, las estructuras fiscales son básicas para ese tipo de acciones en materia social. En tanto, Vázquez Mota subrayó -ante sus colegas de Latinoamérica, que a la vez expusieron sus experiencias regionales- el impulso federal para contar en México con reformas estructurales que se conciban desde el punto de vista social y no meramente económico. No es sencillo, afirmó, contar con "recursos e ingresos que son exactamente los mismos con que se ha venido trabajando en los pasados años".

En México, insistió la titular de la Sedeso, "estamos buscando, en medio de las tensiones propias de la pluralidad política, deslindar los programas sociales del calendario electoral, pues entendemos que apostarle a instrumentos de corto plazo representa, a la larga, mayores costos, ineficiencias y pérdida de libertad ciudadana.

"Debemos subrayar que la transparencia debe ser una conducta obligada del quehacer público y ya no un atributo o una decisión discrecional", expuso. La desviación de recursos destinados al combate a la pobreza, añadió, "es la manifestación primaria de que no existe una institucionalidad capaz de imponer la ley y de castigar las conductas ilícitas".

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Luis Machinea, lamentó que, no obstante la expectativa de crecimiento per capita de 3 por ciento en prácticamente toda la región, ésta resulta "insuficiente" para una adecuada política social, "sobre todo cuando los propios patrones de desarrollo económico generan tendencias distributivas desfavorables.

De allí, sostuvo, "la necesidad de que se complementen y articulen la política económica y la social como dos caras de la misma moneda. Es decir, colocar la equidad y el combate a la pobreza en el centro de la agenda del desarrollo. Lo anterior implica la apertura de activos para todos, lo cual además redundaría en un crecimiento económico estable y una reducción de las brechas de desigualdad entre las distintas actividades y entre los distintos agentes productivos".

Planteó que en la globalización es necesario garantizar los derechos económicos y sociales, así como disminuir la volatilidad de los esquemas de combate a la pobreza. Un avance en la materia también implicaría, según Machinea -no sin antes aclarar que no hablaba específicamente de Francisco Gil Díaz- "no pelearse con los ministros de Hacienda, quienes en lo general no saben priorizar; agarran elementos y dan recursos por simpatía o porque les caen mejor". Se trata, sostuvo, de articular las acciones.