Violenta flagrantemente el pacto federal y es discriminatoria, señala el legislador

Sin sustentación jurídica, la pretendida reforma al 122: Martínez della Rocca

Quienes la impulsan saben de antemano que sería desechada en una controversia, dice

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La pretendida reforma al artículo 122 constitucional violenta la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Fiscal y el pacto federal, es decir, carece de sustento jurídico alguno, afirmó el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez della Rocca, quien consideró que todos los argumentos jurídicos que defienden el PRI y el PAN para impulsar dicha modificación serían "inmediatamente desechados" en una controversia constitucional.

En entrevista, el diputado federal del PRD expresó que no existe objeción del gobierno capitalino para hacerse cargo del sector educativo, pero ese proceso debe ser integral y en las mismas condiciones y plazos en que se transfirió a las demás entidades de la República, pues sólo así se garantizaría equidad social e igualdad de derechos y obligaciones ante la ley.

Para el especialista en temas educativos, la iniciativa mencionada establece en su segundo transitorio que la Federación descontará de las participaciones que corresponden al Distrito Federal la aportación que debe hacer al gasto nacional en educación, siendo que por ley esos recursos son inembargables.

Citó, para ello, el artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra dispone: "las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención".

Aún más, esa pretendida reforma, dijo, "violenta la indispensable y constitucional igualdad de derechos y obligaciones ante la ley para todas las entidades federativas que formamos la República. Violenta flagrantemente el pacto federal al pretender darle un trato anticonstitucional y discriminatorio".

Y explicó: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica -firmado en mayo de 1992- es claro en su inciso cuarto, en cuanto a que "el Ejecutivo federal traspasa, y el respectivo gobierno estatal recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles" con que la SEP venía prestando esos servicios.

Pero sobre todo, agregó el diputado, ahí queda subrayado que junto con eso se entregarán "los recursos financieros utilizados en su operación"; por lo que la iniciativa en cuestión es, en los hechos, "un intento de desconocer al Distrito Federal como una entidad más del pacto federal".

Entonces, la propuesta no sólo es discriminatoria e ilegal para el DF, sino que, "para colmo y evidenciando aún más su pretensión contraria a la equidad y al fortalecimiento del pacto federal, pretende que dichos recursos se destinen a aquellas entidades que "más aportan" y, ¡ojo!, no a las que más lo necesiten, remarcó.

Resaltó que también se quiere imponer a esta ciudad una "obligación sin derechos", ya que se pretende que, de los fondos que establecen dichas leyes, se destinen recursos para una función sobre la que el Distrito Federal no tiene facultad ni derecho legal alguno.

A manera de colofón, Martínez della Rocca manifestó que "de procederse necia e ilegalmente a hacer dicha reforma, es evidente que el PRI y el PAN tendrían una victoria pírrica, pues sería inmediatamente desechada en una inevitable controversia constitucional, y eso lo saben quienes impulsan dicha modificación.

"Por todo ello, ante el intento de crear una nueva tributación feudal mal escondida, rechazamos la pretensión de desconocer el pacto federal, de eliminar derechos y obligaciones de la Asamblea Legislativa y de violar flagrantemente nuestras leyes", concluyó.