Magdalena Gómez

Una mirada al bosque

Día a día conocemos los detalles de una operación de Estado montada a partir de una red de complicidades y desvío de poder a fin de eliminar "el peligro" que les representa no sólo la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sino su visión antineoliberal. No sabemos el desenlace, mismo que definirá la clase política con los tres poderes, cuya división y autonomía ha sido olvidada y unos aconsejan a otros porque, šfaltaba más!, tienen pleno derecho a reunirse y a conversar eludiendo que no lo tienen para usar las facultades que ostentan para conspirar, que es en los hechos lo que implicó la famosa reunión del pasado 6 de abril.

Mal se defiende el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando pretende justificar sus "opiniones" en la hasta hoy conocida reunión a partir de que fue llamado por el "jefe del Estado mexicano", figura que no existe en nuestra Constitución; luego se cae también su pretensión de avalar sus desvíos en la facultad que se asigna al "Presidente" para "facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones" (artículo 89 constitucional fracción XII). De mal en peor, pues, como reconoce el ministro Azuela, a la inversa de la fracción invocada, acudió a auxiliar al Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones, pues bien sabemos que la PGR tiene autonomía para decidir si inicia o no una acción penal. Pero no sólo eso: si asumimos que el Poder Judicial en el caso del Encino se asumió como parte agraviada por el supuesto desacato del jefe de Gobierno del Distrito Federal, resulta que Azuela intervino a favor de una causa que lo involucra de manera directa, sus "advertencias" sobre las implicaciones de la postura de la PGR suponían que el Poder Judicial mandata imperativamente el sentido de las funciones que no le corresponden, justamente bajo el principio de división de poderes. Así que la conducta de Azuela rebasó el marco del llamado "alegato de oídas" que es una práctica en el Poder Judicial, el famoso "cabildeo".

Sin duda la trama no está clara, pues no sabemos ya quién montó tal escenario, si el mismo Presidente o la gente de su equipo que se mueve entre Bucareli y Paseo de la Reforma para convencerlo de la inevitable "decisión" de solicitar el desafuero, si es que en efecto no partió de su impulso personal toda esta parafernalia, lo cual tampoco lo salva, pues es cabeza institucional de la Presidencia de la República y ello preocupa aún más, pues en los hechos aparecería como rehén de las diversas fuerzas políticas arropadas en el manto de "su majestad", que no es el derecho, como había dicho Azuela.

Lamentablemente es la "majestad" del poder la que mueve hilos y teje alianzas dentro y fuera de las instituciones. Y cual cereza del pastel ahora precipitan una reforma para dislocar el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal transfiriendo la educación básica y no su presupuesto con claras maniobras de excepción respecto a la manera en que ésta se realizó a las entidades en 1992, muchas con sistemas educativos estatales, a diferencia de la capital, que sólo lo ha tenido federal. Ahí se encontrarán los argumentos reales en un análisis riguroso, pero no es ése el terreno en que se mueve la coyuntura golpista.

Así estamos, copados por los árboles mientras adicionalmente preparan agendas tendientes a abrir paso a las llamadas "reformas estructurales". No es casual que incluyan en el Congreso el tema de la biodiversidad entre los asuntos prioritarios; precisamente en ese bosque que ya no alcanzamos a ver preparan la gran embestida para los recursos naturales, ésos que tan celosamente "defendieron" en 2001 para impedir a los pueblos indígenas su uso y disfrute.

Nos vendría bien contrastar la propuesta del PRI con el proyecto de ley de biodiversidad que se discute actualmente en Ecuador para satisfacer intereses de trasnacionales privatizando los recursos genéticos. Y no es el único tema que se mueve detrás de los árboles; también viene la reforma hacendaria, el presupuesto de 2005 será el retrato de familia de la clase política. Todos estos asuntos serán definidos en el marco de la correlación de fuerzas y el mercadeo que genere la decisión sobre el juicio de procedencia, para lo que no tienen ninguna prisa; la tienen, en cambio, para avanzar en decisiones que les permitan un blindaje frente a la voluntad ciudadana que parece orientarse para el 2006 hacia opciones que no cantan en clave neoliberal.

Por ello parece imposible suponer que detendrán este operativo quienes de manera facciosa lo impulsaron, utilizando las instituciones de la República; prefieren responder casuísticamente ante la información que aflora o se filtra, como la del pacto del 6 de abril, sin hacerse cargo de la implicación del hecho en la valoración general sobre este proceso, que bien sabemos es un árbol que nació torcido.