Podría hacer que el MP dependiera de agentes, señala

Contraproducente, la unificación de policías federales, asegura AI

JESUS ARANDA

La propuesta del Ejecutivo federal de unificar a las policías federales, bajo las órdenes de una Secretaría del Interior, podría ser contraproducente, ya que podría generar "confusión, falta de una cadena de mando y menor rendición de cuentas", advirtió Amnistía Internacional (AI) en un memorándum dirigido al Congreso de la Unión sobre las reformas constitucionales y legales previstas por el Poder Ejecutivo para el sistema de justicia.

"La enorme ampliación de las funciones de todas las corporaciones en materia de investigación -advierte- puede animar a la policía a adecuar las estrategias a las necesidades de seguridad y falsear las pruebas ante el Ministerio Público", de manera que la falta de autoridad sobre la policía y la escasez de medios para verificar el material obtenido en la averiguación previa puede derivar en que los fiscales sean "excesivamente" dependientes de los agentes, lo que impactaría negativamente en el control de éstos, añade.

Aun cuando el organismo internacional señala que acoge "con satisfacción las propuestas de reforma penal", pide a los legisladores que se cercioren de que la legislación "tome en cuenta las recomendaciones" contenidas en su memorándum.

Entre éstas destaca también la importancia de que quede expresamente en la legislación la garantía de que "todas las denuncias de actos de violación a los derechos humanos cometidos por personal militar" sean investigadas y llevadas ante tribunales civiles, además de que se asegure la separación "entre tareas militares y tareas policiales de orden público".

AI plantea además que la Constitución garantice la intervención federal en casos de violaciones a los derechos humanos que sean competencia de autoridades locales, que se garantice que todo detenido sin orden judicial sea presentado ante un juez "sin demora" y que las declaraciones del detenido tengan validez sólo cuando se realicen ante un juez y con un abogado defensor.

También plantea la total independencia y autonomía del Ministerio Público, para evitar que las investigaciones y enjuiciamientos "estén sujetos a presiones políticas".

En este contexto, destaca la importancia de que los servicios forenses sean autónomos y no dependan del Ministerio Público.

En cuanto a los juicios en sí, señala que debe garantizarse que las audiencias sean públicas y con la presencia obligatoria del juez, el fiscal, el acusado y el abogado defensor en todas las actuaciones; además, que la ausencia del juzgador sea causa de sanción disciplinaria.