El gobierno estatal administra y utiliza políticamente los conflictos, sostiene

En Oaxaca no hay tiros, pero persiste la violencia: párroco de la región

Afirma que el constante acoso a comunidades va más allá de la persecución de eperristas

BLANCHE PETRICH

Han pasado ocho años desde que el gobierno de Oaxaca declaró la guerra contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la Sierra Sur, región de los Loxichas, y hoy no puede decirse que la zona esté en paz, afirma el sacerdote Wilfredo Mayén Peláez, de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz.

"No hay tiros, pero hay violencia. Siguen habiendo muertos y desaparecidos, no hay procuración de justicia imparcial, sus autoridades siguen siendo impuestas, sus productos siguen mal pagados."

Párroco de comunidades serranas por muchos años, conocedor a fondo de la realidad en esos pueblos remotos, Mayén Peláez, mejor conocido como el padre Ubi, emite un duro juicio sobre los recientes dos gobiernos del estado.

"La represión no se limitó a la microrregión Loxicha. Toda la Sierra Sur ha sido golpeada y no sólo en el contexto de la supuesta lucha contra el EPR, sino sobre todo por la negligencia oficial. Son muchos los polvorines vivos donde hay una responsabilidad directa del gobierno, que no la asume: Villa Sola de Vega, Amoltepec, tienen problemas con todos los pueblos colindantes. En la misma situación están Teojomulco, Texmelucan, Xochiltepec, Agua Fría, donde ya hubo hechos de sangre. Cuando estallan necesariamente los conflictos con tantos problemas acumulados lo más fácil es colgar a la gente supuestos delitos. Y en lugar de buscar soluciones de fondo, las autoridades imponen soluciones al vapor que sólo suponen más injusticias para los pueblos. El caso más comentado es el de Agua Fría, donde detuvieron por decenas a supuestos responsables de las muertes, pero con procesos judiciales muy endebles, llenos de irregularidades."

El religioso señala al gobernador saliente José Murat: "En lugar de resolver los conflictos, el gobierno estatal los administra, lucra con ellos, los utiliza políticamente cuando le convienen. De este modo, al calor de sus conflictos con el ex gobernador Diódoro Carrasco, el gobernador José Murat manipuló el caso de los Loxichas. Durante cuatro años los ignoró. Después empezó a dar soluciones parciales para presentarse como salvador de los atropellos de Carrasco. Pero la violencia en la zona permaneció igual. No hubo concertación política, no se hizo justicia conforme a la ley, no se hizo nada en lo social, no hubo programas de desarrollo, no se atacaron los cacicazgos. Se mantuvo la Base de Operaciones Mixtas, la presencia amenazante del Ejército".

Concluye: "En materia de derechos humanos, Murat fue candil de la calle y oscuridad para el estado. Hacia fuera tuvo un discurso nacionalista, combativo, pero hacia adentro persistieron los desalojos violentos, no se esclarecieron las desapariciones, no se corrigió la aplicación de la tortura".

Acerca del periodo 1996-2000, la etapa de la guerra contrainsurgente en la Sierra Sur, Mayén Peláez describe las dos vías en las que se realizaba lo que llama "el trabajo sucio". Uno eran los operativos. "Policías y soldados capturaban a determinado número de personas en una comunidad; las trasladaban a la capital estatal, las torturaban en casas de seguridad y de ahí salían con sus confesiones firmadas. La otra era la de los paramilitares, los entregadores que buscaban directamente a la gente que querían eliminar, todo con la justificación de la guerrilla".

Recuerda que cualquier comunidad señalada por presunta colaboración con el EPR fue atacada y acosada. "Pero a lo largo de los años, en silencio, esos pueblos han ganado una importante batalla legal. Demostraron que son inocentes, que ahí no había movimiento armado. El estado se vio obligado a liberar a la mayoría de los presos y a la fecha no han podido demostrar que ahí hubo arraigo del EPR, simple y sencillamente porque no hubo tal."