Condenan el proceso de desafuero que se sigue contra el jefe de Gobierno del DF

"Rectificación sustancial", demandan intelectuales a Fox en una misiva

González Casanova, Payán, Concha, Flores Olea y Rodríguez Araujo, entre los firmantes

DE LA REDACCION

Para que los llamados al diálogo, al acuerdo y a la tregua no sean palabras vacías se requiere de una rectificación sustancial de las políticas aplicadas por el gobierno en turno, de las cuales la mayoría de la población se siente excluida. "La política actual está dividiendo a México y es el caldo de cultivo de peligrosos enfrentamientos", advierten en una carta que hicieron pública intelectuales, defensores de derechos humanos y políticos horas antes del encuentro del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Vicente Fox.

Pablo González Casanova, Carlos Payán, Miguel Concha, Víctor Flores Olea, Rosa Albina Garavito, Carmen Carabias, Sol Arguedas, Elvira Concheiro, Octavio Rodríguez Araujo, Hugo Aboites, John Saxe-Fernández, Héctor Díaz Polanco, Alessandra Luisselli y varias decenas de personalidades más condenaron el proceso de desafuero contra López Obrador, mismo que, afirman, ataca directamente el derecho de los ciudadanos a decidir quién debe gobernarlos.

"En las actuales circunstancias dicho desafuero sería la continuación del autoritarismo por otros medios", expresan los firmantes, quienes consideran que no se trata de una cuestión que afecte sólo a una persona. Lo que está en juego, aseguran, es un asunto de fondo: la vigencia de la vida democrática. "La democracia entraña que, bajo ningún pretexto, se utilicen los hilos del poder para cerrar el paso a los adversarios políticos", plantea.

Destacan que el caso del predio El Encino no ameritaba el ejercicio de la acción penal contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y la Procuraduría General de la República no estaba forzada, como se ha dicho falazmente, a tomar este camino. De hecho, agregan, en todos los casos similares encontró bases legales para escoger el no ejercicio de la acción penal. Esta y muchas irregularidades refuerzan la sospecha pública de que estamos ante una decisión política derivada de cálculos electorales que nada tienen que ver con preocupaciones jurídicas.

Quienes signan esta carta sostienen que el país se agita en una aguda crisis y señalan que consensos elementales sobre el curso que debe seguir la nación se han perdido, además de que en extensas capas de la población crece el sentimiento de que la conducción de la cosa pública se ha desviado hacia la promoción de intereses particulares, en perjuicio de los colectivos.

Advierten que se persiste en aplicar un modelo económico que es responsable de la profundización de la desigualdad y del empobrecimiento de la mitad de los mexicanos. Paralelamente se busca menguar las conquistas sociales, cuyo primer indicio preocupante son los recortes a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del IMSS. Se pretende seguir cargando a la población con los costos de una mala conducción (IVA a alimentos y medicinas), mientras el régimen se exhibe como aliado de las elites enriquecidas y abierto protector de las prácticas de los poderosos en el "descomunal desfalco de Fobaproa-IPAB", por ejemplo.

"Todo ello está provocando un profundo descontento en amplios sectores. Estamos pasando de una decepción con el gobierno del 'cambio' al enfado social, de la desilusión al encono. La mayoría de la población siente que este modelo de país no la incluye, no vela por su bienestar", sostienen en la carta, y señalan que como si esto no fuera suficiente, está en suspenso la arremetida contra la voluntad popular en el caso del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sostienen que para que los llamados a una tregua, al diálogo y a los acuerdos no sean sólo palabras vacías, se requiere una rectificación sustancial de las políticas públicas. Pero, advierten, hay que limpiar el actual ambiente político. Un buen indicio sería que se disipara el "negro nubarrón" del desafuero. El gobierno no debe involucrar al Congreso en el asunto. Se debe buscar una solución legal y pronta.

Basada en las nuevas evidencias y en el ejercicio de sus facultades, proponen que lo prudente y lo justo es que la Procuraduría General de la República retire la solicitud de desafuero, dando fin de una vez por todas a un proceso que nunca debió iniciarse.

Los firmantes invitan a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, representantes de cargos de elección popular y ciudadanos a que se sumen a este llamado en defensa de las reglas más elementales de la democracia y de los derechos constitucionales.