Asegura la dependencia encargada del asunto que es posible sancionar a particulares

Turna la Secretaría de Salud a la SFP caso de desvío de recursos por Provida

Tras confirmarse las irregularidades en la aplicación de los 30 millones de pesos que la Secretaría de Salud (Ssa) entregó a Provida en 2003, el órgano interno de control de esta dependencia turnó el caso a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que ésta a su vez finque las responsabilidades que marca la ley.

Asimismo, el departamento encargado de realizar la auditoría recomendó a la Ssa examinar la posibilidad de iniciar un procedimiento legal en tribunales ordinarios federales para reclamar la devolución de los recursos destinados a Provida.

En un comunicado, la SFP señaló que los resultados de la auditoría revelaron irregularidades en los gastos destinados a publicidad, mobiliario y equipo médico, material didáctico, cursos de capacitación, ayuda con medicamentos y atención médica.

También se detectó que se destinaron recursos "no considerados dentro del proyecto y el convenio de colaboración, y se presentó documentación que no corresponde a los centros de ayuda a la mujer creados en 2003 y administrados por Provida de acuerdo con el convenio celebrado".

Lo anterior ocurrió luego una denuncia presentada por diversas organizaciones feministas y de lucha contra el VIH/sida, quienes revelaron que en diciembre de 2002, el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, otorgó un financiamiento por 30 millones de pesos a la organización Provida para la creación en el año 2003 de 10 centros de ayuda a la mujer, lo que representó que una sola organización recibiera más de 50 por ciento de los recursos públicos destinados ese año a apoyar diversos proyectos de organizaciones civiles.

La SFP informó en un comunicado que tras conocer los resultados de la auditoría realizada por el órgano interno de control de la Ssa, "cuantificará el posible daño patrimonial que generó el uso incorrecto de recursos públicos".

Además analizará las posibles responsabilidades en que incurrieron tanto funcionarios públicos como miembros de Provida, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos "también estipula responsabilidades a particulares que apliquen y manejen recursos públicos".

La dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta dependencia, agrega el comunicado, decidirá el curso legal del caso dentro de los tiempos establecidos por la ley, además de confirmar si existen los elementos para fincar responsabilidad ante estos hechos, por lo que aseguró que todos los involucrados "tendrán garantía de audiencia" en tanto se precisa legalmente el monto de los recursos públicos que fueron desviados.