La iniciativa sólo beneficia a trasnacionales, señala

Ley de bioseguridad amenaza la soberanía alimentaria: UNORCA

MATILDE PEREZ U.

La propuesta de ley de bioseguridad para organismos genéticamente modificados, cuyo dictamen fue aprobado en las comisiones unidas de Medio Ambiente, Agricultura y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, atenta contra la cultura campesina, soberanía y seguridad alimentaria, alertó la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y respaldó el rechazo de más de un centenar de organizaciones sociales y académicos que instaron a los legisladores a no aprobar dicha ley.

"Esta ley, que nos afecta a todos, no incluye los aportes de organizaciones civiles, campesinas, indígenas, académicas ni considera el informe sobre la contaminación genética del maíz hecha por la Comisión para la Cooperación Ambiental. Esa ley no es de orden público ni de interés nacional, está orientada a proteger los intereses de las empresas trasnacionales", dijo Jaime Castillo Ulloa, de la comisión ejecutiva de UNORCA.

Agregó que la minuta de propuesta de decreto para dicha ley "no cumple con su objetivo de principio precautorio, no prohíbe la liberación de cultivos transgénicos en centros de origen, zonas de diversidad y áreas naturales protegidas, no garantiza el etiquetado obligatorio de alimentos con organismos genéticamente modificados ni segrega o identifica a los OGM y para proteger a las semillas criollas".

UNORCA rechaza rotundamente las patentes de las semillas, insistió Castillo Ulloa y pidió que la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la de Salud que lleven a cabo un monitoreo estricto de los granos con OGM, particularmente del maíz destinado al consumo humano pues, comentó, en Estados Unidos se localizaron 800 mil hectáreas sembradas con la variedad star link y el gobierno tuvo que destinar 3 mil millones de dólares para sacarla del mercado. Pero existe la inquietud de que dicha producción esté revuelta con las exportaciones destinadas para el consumo animal, abundó.

El diputado Antonio Mejía Haro, secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, aceptó que México requiere de un marco regulatorio para los OGM, una política de desarrollo científico y tecnológico y mecanismos de transferencia tecnológica. "Los legisladores de los diferentes partidos coincidimos en que es urgente legislar en materia de bioseguridad, pero es una tarea con alto grado de dificultad porque son muchos los intereses sociales y económicos que están en juego."

Y para ejemplificar la complejidad mencionó que en los cuatro años recientes diferentes partidos políticos "han formulado siete iniciativas para contar con una ley marco de bioseguridad; la última fue promovida por la Academia Mexicana de Ciencias en abril del año pasado". También mencionó que los investigadores han señalado que Monsanto maneja 91 por ciento del comercio de semillas transgénicas y que los mayores beneficiados; "hasta ahora, son las grandes compañías trasnacionales de la agroindustria".

Es claro, abundó, que los productos de la biotecnología se han convertido en un insumo que acrecienta la dependencia tecnológica de México hacia las empresas trasnacionales, el peligro ahora es que la siembra de un producto nacional sea penalizada por la propiedad que detentan esas empresas sobre la tecnología. Por ello urge un marco legal que regule de manera estricta, pero ágil, el uso de estas variedades y contemple una política de desarrollo científico y tecnológico que promueva de manera eficiente el desarrollo de la tecnología que permita resolver algunos problemas apremiantes del sector agrícola nacional.

Al respecto, la organización ecologista Greenpeace expuso que la Asociación Campesina Alemana (DBV por sus siglas en alemán) -la organización del lobby agrario más grande en ese país- está dividida en el tema de la biotecnología. "Ni vamos a ponernos eufóricos por la ingeniería genética verde, como pasa con algunas empresas productoras de semillas, ni tampoco nos cerraremos categóricamente a ella, como sucede con algunas organizaciones ambientalistas." Sin embargo, abundó Greenpeace, en una encuesta se constató que 70 por ciento de los campesinos alemanes no quieren usar los OGM.

Por ello Castillo Ulloa, de UNORCA, insistió en que la ley de bioseguridad debe contemplar, obligatoriamente, la participación ciudadana y la consulta pública e incluir mecanismos de indemnización y responsabilidad.