León Bendesky

Presupuesto lúgubre

El presupuesto que presenta el Presidente cada año al Congreso es una declaración política; tal vez la más relevante, por encima de cualquier discurso o manifestación de propósitos que se haga. Ahí se expresan las intenciones del gobierno, sus prioridades y hasta la concepción que tiene de la sociedad y de sí mismo.

También es una expresión de las limitaciones que existen para administrar los recursos públicos y, aún más: es hasta una forma de decir que no se intentan superar esas limitaciones, sino que se aceptan como parte de la misma conformación de las relaciones sociales, que tampoco se quiere alterar. Todo esto vuelve a quedar claro con la propuesta presupuestal para 2005 que recibió el Congreso.

La política fiscal sigue basada en una premisa falsa, a saber: que las finanzas públicas son "sanas" porque el déficit fiscal es reducido. Dicho déficit se estima para 2005 en 0.1 por ciento del producto que se genere y se ofreció en el Informe de gobierno que en 2006 sea de cero.

Esto se exhibe como prueba de la firmeza de las intenciones de quienes gobiernan e, igualmente, del carácter de la política económica que se aplica. Se ha convertido en una parte de la sabiduría convencional de la administración pública y, por tanto, ni siquiera se cuestiona, sólo se repite y se acepta como verdad. Eso no ocurre en todas partes como bien se advierte en la forma de usar al fisco en la Unión Europea o en Estados Unidos. Aquí es un acto de fe, pues no contribuye a superar la fragilidad crónica de las finanzas públicas.

El déficit tan bajo como el que se anuncia no es muestra de salud fiscal, sino de fuertes restricciones financieras y de decisiones políticas sobre cómo actuar en el marco que ellas definen. La fortaleza de las finanzas públicas debería basarse en la disponibilidad del gobierno de un monto de recursos suficiente para atender de modo más completo las necesidades del gasto en una sociedad con grandes carencias y en una economía con rezagos notorios. Déficit fiscal reducido con más recursos es la prueba que la gestión pública no puede pasar.

Pero esa medida real de la sanidad fiscal no está en la mira de la política económica que se expresa, en cambio, en la más restringida visión de la contabilidad por partida doble, es decir, que se correspondan las cuentas del "debe" y el "haber". Es claro que ese balance contable depende de las restricciones financieras que se enfrentan, pero es igualmente claro que dichas restricciones no están impuestas por ninguna "mano invisible", sino por las mismas alternativas que se adoptan para administrar de los recursos de la sociedad. Esta política fiscal muestra los compromisos políticos y financieros que ha ido adquiriendo el gobierno por muchos años y que no se quieren alterar. Y muestra también la falta de imaginación de los técnicos que la diseñan y aplican, así como de la mayoría de los que legislan.

La cuestión no está en el terreno de la alabanza o de la censura, sino que puede ubicarse en el de la observación factual. En los términos más agregados, el presupuesto se basa en una estimación del crecimiento del producto interno bruto a una tasa de 3.8 por ciento en 2005, menor a la esperada para 2004: 4 por ciento. Se repite la expectativa de una inflación de 3 por ciento, a pesar de que esa misma previsión no se cumplirá este año. La tensión entre la estabilidad de los precios y el crecimiento seguirá presente, pues no hay fuerzas en el campo productivo que puedan superarla. Esta es una restricción decisiva para ampliar la capacidad presupuestal del Estado mexicano.

Los ingresos que pueden presupuestarse se reducirán el año entrante en 4.1 por ciento, especialmente los derivados del petróleo, mientras que aquellos que provienen de los impuestos seguirán disminuyendo como una proporción del PIB, situándose apenas en 9.6 por ciento, nivel muy bajo para una economía como la mexicana. Este rubro sigue siendo el talón de Aquiles de las finanzas públicas, y las sucesivas modificaciones de la miscelánea fiscal no logran elevar esa proporción.

Con menores ingresos es claro que el gasto tiene que caer también para cumplir con la meta del déficit, y el año próximo esa caída supera 6 por ciento. Pero la composición del gasto es muy indicativa de las prioridades del presupuesto, es decir, de la política, pues el costo financiero que hay que pagar por los compromisos de endeudamiento del gobierno representará casi 3 por ciento del PIB y aumentarán 4.7 por ciento con respecto a este año. Ahí está cargado ya el costo fiscal del reciente acuerdo para finiquitar la deuda del Fobaproa. Así que entre el pago de intereses de la deuda pública y lo que sigue costando el rescate bancario se destinarán casi 196 mil millones de pesos en 2005.

La aridez de la política fiscal la ha convertido en una camisa de fuerza, cuando debería restablecerse como un instrumento versátil de la gestión de los recursos públicos para alentar el crecimiento y sostenerlo en el tiempo.