Critican ONG decisión de modificar el procedimiento

Senadores evaluarán mañana la reforma para elegir ombudsman

LAURA POY SOLANO

Este martes integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sostendrán una reunión de trabajo para discutir y, en su caso, llevar ante el pleno del órgano legislativo un dictamen de reforma para modificar el proceso de selección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo nombramiento o relección deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre próximo.

Los legisladores, quienes no han convocado a organizaciones civiles de derechos humanos para asistir al encuentro, deberán aprobar el proceso legislativo para que se inicie la selección de aspirantes y con ello la consulta con organizaciones sociales representativas de todos los sectores sociales.

La iniciativa de reforma, presentada en noviembre de 2003 por la senadora perredista Leticia Burgos Ochoa, cuyo dictamen fue aprobado hace dos meses por los miembros de dicha comisión, modifica los artículos 10 y 18 de la Ley de la CNDH, y señala que será la Ley Orgánica del Congreso de la Unión la que establecerá el procedimiento para nombrar tanto al ombudsman nacional como a los integrantes del consejo consultivo del organismo.

Para tal efecto se adiciona dicha normatividad con el artículo 102 bis, el cual establece que el procedimiento para el nombramiento deberá comenzar 45 días antes de que concluya el periodo oficial por el que fueron elegidos tanto el presidente como los consejeros.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión será la que convoque a "organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, y en general a las entidades, instituciones y personalidades que se estimen convenientes, para que presenten propuestas a efecto de cubrir las vacantes".

La recepción de propuestas, señala el dictamen, se realizará 10 días después de que se haga pública la convocatoria. Al cumplirse dicho plazo, las propuestas presentadas se publicarán en dos diarios de circulación nacional "a fin de que los interesados puedan aportar mayores elementos de juicio".

Luego de cinco días de publicadas las propuestas, se cerrará la recepción de opiniones y serán los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado quienes citarán a comparecer a los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos. Siete días después de que concluya el periodo de comparecencias, los legisladores deberán emitir su dictamen, el cual será sometido al pleno del Senado para su aprobación.

Al respecto, representantes de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos calificaron de "lamentable" que se opte por procesos "poco democráticos y transparentes que restan legitimidad a la CNDH, sobre todo cuando las ONG hemos insistido en un diálogo abierto".

Sorprendidos por la "falta de transparencia con que se quiere llevar a cabo el proceso", aseguraron que no "convalidarán" decisiones políticas en el proceso de selección, porque la sociedad civil "debe estar representada en una decisión que afecta la defensa de las garantías básicas de todos los ciudadanos".

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que a pesar de que existe una "actitud propositiva" de los grupos civiles para abrir el debate y transparentar los procedimientos, "es lamentable la falta de respeto y lentitud legislativa con que se respondió a la propuesta presentada por diversas organizaciones de defensa de las garantías básicas".

Insistió en que sin una participación oportuna, informada y democrática "no se puede garantizar que la sociedad civil esté debidamente representada en una decisión trascendente que queda en manos de los partidos políticos sin posibilidad de evitar que se politice un nombramiento que debe ser respaldado por toda la sociedad".

En entrevista por separado, Adriana Carmona, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, aseguró que la actitud de los legisladores "es totalmente contradictoria con el proceso que se pretende aplicar, pues excluir a la sociedad civil de este proceso lesiona la credibilidad tanto de la CNDH como del Senado".