Anuncian que iniciarán negociaciones con la bancada priísta para modificarlo

El paquete económico requerirá una cirugía de caballo: diputados del PRD

Necesario, reasignar aproximadamente 60 mil millones de pesos, dice Ramírez Cuéllar

ENRIQUE MENDEZ

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados informó que después de la comparecencia -este lunes- del secretario de Hacienda, iniciará una negociación con la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), con la que ya ha tenido contactos, para modificar el paquete económico propuesto por Vicente Fox, que requerirá ''una cirugía de caballo'' para modificar las variables macroeconómicas y reasignar aproximadamente 60 mil millones de pesos.

Ayer, en conferencia de prensa, el coordinador del área de finanzas públicas de la bancada perredista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que el punto central del debate se refiere a las modificaciones a la ley del IVA y del ISR, y a los nuevos impuestos que sugiere el Ejecutivo, sobre todo porque éstos constituyen sólo ''una carnada'' para que los gobernadores presionen a los diputados de sus estados para que los aprueben.

Sin embargo, explicó, la aplicación del impuesto a las ventas y servicios finales, y los ''impuestos cedulares'', si bien implicarán un ingreso para las entidades federativas, al final el monto total será menor a lo que actualmente reciben del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF), que en 2004 fue de 17 mil millones de pesos, y a lo que reciben por concepto de excedentes del petróleo.

Además, en el caso del impuesto a las ventas finales -que como en diciembre pasado constituye un ''IVA disfrazado''- la Federación sólo entregará 95 por ciento a los estados, les ''cobrará'' 5 por ciento por administrarlos y les descontará 20 por ciento para establecer un fondo nacional para distribuirlo entre las entidades de menor recaudación, para ''equilibrar'' sus ingresos.

Ramírez Cuéllar dijo que el proyecto foxista insiste en gravar las prestaciones de los trabajadores, como los vales de despensa, y la ampliación de exentos del pago del ISR a las personas físicas que ganen hasta 4.6 salarios mínimos (76 mil pesos anuales), así como la reducción a 25 por ciento de ese gravamen a quienes tengan ingresos hasta de 5 millones de pesos anuales, lo cual sólo beneficiaría a la clase media alta.

El legislador señaló que el fortalecimiento del federalismo que se defiende en la iniciativa federal ''es sólo aparente'', pues mientras a los estados se les ofrece entregarles una parte de lo recaudado por el impuesto a las ventas y los denominados ''cedulares'', se les excluirá de la distribución de los excedentes petroleros, se desaparecerá el PAFEF, disminuirá en 2.2 por ciento en términos reales el gasto federal descentralizado, caen todos los ramos, como las aportaciones federales a entidades federativas, previsiones y aportaciones para educación básica, normal y tecnológica y de adultos.

También se incluyen otros impuestos, ''escondidos'' dentro de la miscelánea fiscal, como uno de 20 por ciento para el gas licuado de petróleo utilizado para la combustión automotriz, que se utilizará para constituir un fondo destinado a la compra de inmuebles del gobierno federal; se modifica la deducción de compras a costo de ventas, con el propósito de que las empresas declaren en diciembre los inventarios sobre los cuales se cobra el impuesto; las prestaciones sociales, específicamente los vales de despensa, sobre los cuales se establece un impuesto a quienes reciban más de 360 pesos mensuales.

Como en el proyecto que presentó la ex coordinadora parlamentaria del PRI, Elba Esther Gordillo, en diciembre pasado, también se pretende gravar el aguamiel y sus derivados.

En contraparte, Hacienda no se compromete a ampliar la base gravable ni mejorar su eficiencia recaudatoria, ''y no hay un solo peso de inversión pública, pero abundan los recortes en Pemex, CFE, Comunicaciones, desarrollo rural sustentable, desarrollo social. La principal reducción en el gasto es en desarrollo económico, de 12 por ciento, lo cual constituye un severo golpe para el crecimiento del país''.

Finalmente, Ramírez Cuéllar denunció que la Secretaría de Hacienda utiliza el precio de petróleo (que estimó en 23 dólares por barril) para ''justificar la contracción en el gasto en renglones fundamentales para la sociedad como energía, infraestructura, educación superior, investigación científica y gasto social''.