Legisladores de PRI y PRD en Yucatán se oponen al desafuero de los togados

Instalan comisión para el proceso de juicio político contra magistrados

La condena contra un homicida, la causa de que AN pretenda juzgarlos

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 11 de septiembre. Con la ausencia de los diputados de PRI y PRD como muestra de rechazo, hoy quedó instalada la comisión instructora que dará continuidad a la pretensión de fincar juicio político a cinco magistrados del Poder Judicial del estado y que estará a cargo de los legisladores panistas Jorge Puga Rubio y Joaquín Díaz Mena, quienes se han pronunciado abiertamente por desaforar a los togados.

Puga Rubio, presidente de dicha comisión legislativa, informó que continuará el desahogo de pruebas hasta que se emitan conclusiones, aunque éstas puedan no prosperar debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene, desde la pasada legislatura, un ordenamiento que descalifica cualquier dictamen en contra de los ministros yucatecos.

La SCJN, que le da seguimiento al caso, es la única facultada para dirimir esta controversia.

En 2003, los abogados defensores de Armando Medina Millet, quien está sentenciado a 20 años de cárcel acusado de asesinar a su esposa, Flora Ileana Abraham Mafud, solicitaron a la 56 Legislatura estatal juicio político para los magistrados Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Mercedes Pérez Fernández, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Ligia Cortés Ortega, por negarle la libertad al reo.

Rubén Bolio Pastrana, abogado defensor, sostiene que su cliente no mató a Flora Ileana sino que ella se suicidó, pero que la familia de la difunta se valió de sus influencias sociales y económicas para encarcelarlo. Este asunto, en los pasados nueve años, ha generado polémica entre partidos políticos -el PAN se pronuncia por la inocencia y el PRI por la culpabilidad- y amplia división entre prominentes grupos sociales del estado.

La semana próxima, los panistas Jorge Puga Rubio y Joaquín Díaz Mena llamarán a la parte defensora del reo para que aporte más pruebas sobre la supuesta culpabilidad de los magistrados y, posiblemente, se conozca algún dictamen.

Puga Rubio expresó que continuarán los trámites para fincar el juicio político a los togados, no obstante que sus similares de PRI y PRD no avalen la instalación de la comisión instructora. Reconoció que para desaforar a los inculpados se requiere del voto de, al menos 17 de los 25 diputados, pero la conformación del Congreso es de 13 panistas, 10 priístas y dos perredistas.