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México D.F. Lunes 6 de septiembre de 2004 |
Transparentar el superávit
 El
superávit de 57 mil millones de pesos acumulado
en los primeros siete meses de este año a consecuencia de las altas
cotizaciones petroleras internacionales, reportado el viernes pasado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
podría ser un factor para dinamizar la economía nacional,
para llevar inversión pública a las industrias petrolera
y eléctrica, así como para aliviar en algo las carencias
que grandes sectores de la población siguen experimentando, a pesar
de las cifras alegres del más reciente informe presidencial, en
materias como educación, salud y vivienda.
Debe considerarse, sin embargo, que el destino correcto
de esos recursos requerirá de una intensa participación social,
no sólo para exigir al gobierno federal que informe con transparencia
sobre el manejo del excedente, sino también para demandar un cambio
de lógica en el accionar del gabinete económico, el cual,
en el último cuatrienio, ha operado en defensa de los intereses
del capital financiero internacional, no en beneficio de la sociedad mexicana.
Ejemplo claro de ello es la férrea determinación del Ejecutivo
federal de cumplir a rajatabla, sin importar los costos sociales y políticos,
con los pagos a los bancos extranjeros en que acabó el "rescate
de la banca nacional" emprendido por Ernesto Zedillo en el sexenio anterior.
Es ilustrativo de estas actitudes que el alegato oficial
recurre al argumento de la falta de fondos públicos cuando se trata
de garantizar las pensiones y jubilaciones o cuando defiende la necesidad
de buscar inversiones privadas y extranjeras en el sector energético,
pero nunca habla de carencia de recursos a la hora de cubrir los pagarés
del Fobaproa o de contratar empleados de confianza con sueldos insultantemente
elevados en diversas dependencias gubernamentales. La existencia de esas
reservas monetarias tendría que llevar al foxismo a dejar de lado
ese argumento parcial y faccioso.
Desde otro punto de vista, si las autoridades realmente
desean buscar acuerdos y negociar con el conjunto de las fuerzas políticas,
sería deseable que, además de deponer su manifiesta e improcedente
hostilidad contra sus adversarios políticos, abrieran al debate
y a la participación de los partidos y de la sociedad el destino
que habrá de darse a los excedentes de los ingresos petroleros.
Esa sería una manera concreta de demostrar con hechos las profesiones
de fe democrática formuladas por el presidente Vicente Fox en su
reciente e impugnado informe.
No está de más recordar -porque los gobernantes
priístas y panistas suelen olvidarlo con alarmante frecuencia- que
el dinero de las arcas públicas es, precisamente, propiedad de todos,
y que en una lógica genuinamente republicana es pertinente tomar
en cuenta la opinión de la ciudadanía antes de definir el
uso que debe hacerse de ese recurso.
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