Estudio realizado por el sindicato revela la grave pauperización del sector laboral

Más de 50% de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos: SME

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores Flores, advirtió que en el país existe una grave pauperización del sector laboral. Puntualizó que 44 por ciento de los asalariados sólo tiene contratos verbales, es decir, están desprotegidos y sin derechos de seguridad social; más de 50 por ciento a escala nacional recibe menos de dos salarios mínimos y nueve de cada diez personas que laboran en el campo no ganan ni siquiera un minisalario.

"Estos son los saldos funestos de más de 20 años de políticas económicas neoliberales en México. Los síntomas más graves son el empobrecimiento generalizado de los trabajadores; que haya más de un millón 600 mil personas en el desempleo; que anualmente tengan que emigrar más de millón y medio de mexicanos en busca de trabajo y que los que tienen un plaza en el país perciban salarios sumamente castigados, cinco y hasta ocho veces por debajo de los que pagan sus principales socios comerciales", manifestó.

Además, continuó, los salarios en México han perdido en los tres sexenios pasados y lo que va de éste más de 70 por ciento de su poder adquisitivo, por lo cual la mayoría de los trabajadores quedaron ya fuera de la posibilidad de acceder a la canasta básica.

Conforme a un estudio que el SME elaboró respecto de las condiciones del sector laboral en el país, Rosendo Flores, afirmó que hace 25 años los salarios participaban de 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy sólo lo hacen con 30 por ciento. En tanto, el capital participaba con 54 por ciento de la riqueza nacional y ahora se queda con más de 65 por ciento.

"Esto es lo que ha acentuado: la injusta distribución de la riqueza, ya que tan sólo los cien empresarios más importantes de México tienen una fortuna valuada durante 2001 en 122 mil 294 millones de dólares, que representa 20.3 por ciento del PIB", citó Flores.

Planteó que para el gobierno de Vicente Fox el saldo criminal de la política económica que se ha seguidodurante su gestión, "copiando a la de las tres anteriores, no es suficiente y quiere más, por lo que urgido por los organismos financieros internacionales da un golpe de muerte al IMSS, para convertir la seguridad social en un redituable negocio privado".

Además, añadió, "en una alianza inconfesable el PAN y el PRI intentan sacar adelante las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que la entrega del patrimonio nacional energético -electricidad y petróleo- al gran capital transnacional para convertirlo en un fabuloso negocio. Y todo ello acompañado de una contrarreforma laboral mediante la cual se busca anular las principales conquistas obreras plasmadas en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de garantizar modernos esclavos en la era de la globlalización capitalista".

El gobierno foxista niega que la privatización de casi mil empresas y organismos paraestatales que había en 1982, por la cual el gobierno obtuvo más de 31 mil millones de dólares, sirvió de muy poco al país, ya que el dinero sólo se utilizó para pagar deuda y además "después vinieron los rescates de los bancos, carreteras, ingenios azucareros, líneas aéreas y otros, con un costo que pagamos todos los mexicanos de más de 109 mil millones de dólares", es decir, el país pagará tres veces más de lo que se obtuvo por la venta de estos sectores.

Ayer, el Frente Sindical Mexicano (FSM), el Centro de Investigación Laboral (Cilas) y la Coalición de Trabajadores del INEGI, dieron a conocer un comunicado en el cual indican que es mentira lo que dijo el presidente Vicente Fox en su informe de gobierno respecto de que "lo mejor está por venir".

Aun cuando este año y el próximo la economía crezca, el porcentaje promedio del sexenio será inferior al de las dos pasadas administraciones; además, en estos dos últimos años se generará 50 veces menos empleo que el que requiere el país y el número de los trabajadores que se encuentran en la economía informal, que alcanza 62 por ciento, podría elevarse aún más, presionando no sólo las finanzas gubernamentales con la falta de pago de gravámenes, sino también con problemas sociales, plantearon.