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México D.F. Sábado 7 de agosto de 2004

El secretario de Gobernación, cuya función consiste en hacer política, eliminar los roces entre las facciones, mediar cuando sea necesario e instalar un clima de calma y raciocinio que impida la exacerbación de las pasiones, se arremangó en cambio y subió al ring en el que Andrés Manuel López Obrador combate contra los pretextos mediante los cuales el gobierno federal y sus opositores pretenden desaforarlo y sacarlo de la disputa por la Presidencia en 2006. Al declarar que el jefe de Gobierno del DF debía responder "como hombrecito", en efecto, Santiago Creel no sólo rebajó el debate a pleito callejero y lo envolvió en la cultura machista de baja estofa que debería tratar de erradicar, sino que también agudizó el conflicto entre dos poderes institucionales y lo sacó del terreno judicial y político donde, con argumentos y objetividad, debía ser tratado. O al secretario le saltaron los nervios -cosa deplorable y que no debería permitirse una persona en ese puesto- o no conoce -no creemos que así sea- otra clase de respuesta que el desafío de cantina.

Por su parte, el Presidente de la República, que debería velar por la Constitución y por mantener buenas relaciones con los otros dos poderes, criticó a los diputados que votaron contra su reforma a la Ley del Seguro Social -por otra parte, inconstitucional y antiobrera-, olvidando que perseguir a legisladores por sus actos y declaraciones en el ejercicio de su función es violatorio de la ley y un grave atentado a la independencia del Poder Legislativo. El ciudadano Vicente Fox tiene, por supuesto, todo el derecho de opinar desfavorablemente sobre las posiciones de sus opositores, pero el mandatario debe salvaguardar su cautela y el prestigio de su cargo, y pensar maduramente antes de formular abruptamente opiniones más propias de un autócrata que mal tolera las críticas que de un presidente republicano.

Inquieta que en los círculos gubernamentales reine tal nerviosismo y sentimiento de acoso, porque el mismo vela las mentes de los gobernantes y les quita la necesaria serenidad para ejercer sus funciones. Preocupa igualmente la reducción de la política al nivel de pleito callejero cuando el país necesita una discusión de altura, franca, abierta, con argumentos y en el respeto de la ley, sobre los grandes problemas que están en el candelero. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, sin una discusión seria en el Congreso y en la sociedad, que el gobierno también pretende modificar los regímenes de pensiones de otros gremios, como hizo con el del Seguro Social, volviendo a prescindir del hecho de que esos regímenes son el resultado de contratos de trabajo entre las partes y tienen valor de ley, lo que hace que no puedan ser modificados por terceros? Parecería que, a medida que la fatídica fecha de las próximas elecciones presidenciales se acerca, aumentase en los círculos palaciegos la tendencia a no reparar en medios con tal de preservar el poder. Pero el vapuleo a la política y a la Constitución, por una parte, las deja del lado de quienes el gobierno quiera apartar de su camino y, por otra, estrecha peligrosamente los márgenes de la legalidad y la democracia. Hoy, más que nunca, es necesario levantar la mira.