La procuraduría del ramo pretende imponer el Programa de Certificación de Derechos

Acusan a burócratas agrarios de avivar la violencia en Veracruz

Ejidatarios consideran que la provocación se puede acentuar por los tiempos electorales del estado

ROSA ROJAS

La semilla de la violencia social y el descontento que funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) siembran con la imposición del Programa de Certificación de Derechos (Procede) en cinco comunidades y ejidos indígenas de los municipios veracruzanos de Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlán y Zacualpan pueden producir "acciones como las de las zonas de grave conflicto en otros lugares del país", advirtió el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz (CDHSNV) en un documento urgente enviado al presidente Vicente Fox, en el que solicita la destitución del visitador agrario y el jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria en Huayacocotla.

La misma demanda hacen las autoridades agrarias de la comunidad de Amaxac, en un escrito dirigido al titular del Organo Interno de Control de la PA, Leonardo Riveros Fragoso, en el que denuncian que el visitador Eduardo Baldemar Vázquez Bessichy y el jefe de la residencia, Raymundo Ortiz García, pretenden imponer el Procede de forma "arbitraria" y provocan la violencia y la división en las comunidades, a unos días de las elecciones del 5 de septiembre en Veracruz, ignorando una historia "de mucha violencia desde los años 1983 y 1984, cuando los acaparadores de tierras mataron a mucha gente, se apoderaron de los terrenos de los otomíes y de los mestizos pobres y sembraron el terror en la comunidad".

En el documento, el comisariado de bienes comunales y el presidente del Consejo de Vigilancia de Amaxac, Agustín Ramón y Rey San Antonio Gómez, respectivamente, detallan diversas maniobras realizadas por Vázquez Bessichy en contra de los intereses de los comuneros, entre ellas que el 30 de julio pasado llegó a la subcomunidad de Amaxac "sin avisar y acompañado de una funcionaria del Registro Agrario Nacional", convocaron a la comunidad de Papatlar, pero no a las subcomunidades donde viven los indígenas otomíes que son El Pericón y Benito Juárez. Tampoco tomó en cuenta a las autoridades de bienes comunales y les impuso trámites para designar sucesor a los comuneros.

Agregan que el funcionario de la PA amenazó con regresar en unos días más "a meter el Procede", que no importa que "las autoridades no estén presentes". Que él va a traer al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) "a medir las parcelas de los que quieran, aunque sean pocos", como lo está haciendo en los bienes comunales de Tzicatlán, y que si son mayoría va a quitarnos el comisariado a nosotros. Que solamente con el Procede nuestras tierras están seguras.

"Además queremos denunciar que este señor (Vázquez Bessichy) llegó a nuestra comunidad a un mes de las elecciones en Veracruz para gobernador, para diputados y para presidentes municipales. Curiosamente llegó a platicar con la gente que está afiliada al Partido Revolucionario Institucional. Es totalmente imprudente y peligroso llegar en esta forma a las comunidades pequeñas, a provocar la división en días en que la gente anda inquieta por las campañas electorales", advierten las autoridades agrarias indígenas. (Cabe mencionar que las organizaciones otomíes Comité de Defensa Campesina y Unión Campesina Zapatista han ganado cuatro periodos consecutivos la presidencia municipal de Texcatepec, en colaboración política con el Partido de la Revolución Democrática).

Recuerdan las autoridades indígenas cómo los otomíes de Amaxac se organizaron en los 80 para controlar la violencia "en diálogo con el gobierno. El terrateniente y matón principal fue enviado a la cárcel juzgado por más de 30 asesinatos". Después lograron, en 1994, la restitución de sus tierras comunales y la ejecución de la resolución que estaba pendiente desde 1934.

"El gobierno dio dinero a los principales acaparadores y violentos para que dejaran las tierras y así pudimos hacer un reparto de ellas, con grandes trabajos y peligros. Todavía varios terrenos fueron reinvadidos por los retoños de los caciques, como son los predios de Milpa Larga, La Pahua, El Gigante, El Limón Chiquito y otros. Todavía algunos mestizos, con la costumbre de comprar y vender, se aprovecharon de la pobreza de otros para hacer compras ilegales. Cada vez que hemos intentado que los designados por la comunidad ocupen esos lugares, ellos han sacado las pistolas", explican las autoridades agrarias.

Agregan: "La residencia de la PA no conoce ni quiere saber de esta historia de despojo y por eso se meten a hacer cosas sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido, en forma interesada e irresponsable. Desde 1998 pedimos a la residencia de la PA que nos representara para solucionar esas invasiones, pero hasta la fecha ni siquiera se han parado a mirar".

Enfatizan que en las comunidades de El Naranjal, Apetlaco, La Soledad, Cuayo La Esperanza, El Mirador, La Mina, Cerro de Tzocohuite, de los municipios de Tlachichilco, Zontecomatlán y Zacualpan, así como en los bienes comunales de Texcatepec la PA "tiene sin solución cada asunto que comenzaron desde hace siete años".

Señalan que los funcionarios de la Procuraduría Agraria siempre dicen que con el Procede se van a solucionar todos los problemas "y nosotros sabemos que no. Queremos que se solucione lo que nosotros pedimos y que no hagan lo que no les hemos pedido. Somos unos bienes comunales de mayoría indígena otomí y pedimos respeto. No queremos que el señor Vázquez Bessichy meta con sus mañas el Procede, y empiece a medir y a legalizar las tierras invadidas y que nos deje así, legitimando la violencia y la ilegalidad y dejando a la comunidad dividida". Responsabilizan a la PA de que vuelva a brotar la violencia y el despojo.

Por su parte, el CDHSNV en su acción urgente, enviada también a la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, detalla que desde octubre de 2000 propuso una agenda de casos agrarios a la residencia de la PA en Huayacocotla, con el propósito de solucionar diversos conflictos agrarios en la zona -conflictos intercomunales, de posesión, de compraventas ilegales, acaparamiento, invasión, regularización, etcétera- obteniendo una respuesta "evasiva, omisa, parcial, en partes sin motivación y fundamentación legal debida", lo que hace pensar que pretende resolverlos "con la varita mágica del Procede.

"El visitador agrario Eduardo B. Vázquez Bessichy ha extralimitado sus atribuciones, y sin respeto a la asamblea de Amaxac ha pretendido la implementación forzada del Procede, ha convocado a reuniones selectivas motu propio y sin solicitud o autorización de la asamblea o de los representantes de los bienes comunales de Amaxac", pese a que desde 2000 se le notificó a la PA la determinación de la asamblea de no incorporarse a dicho programa, denuncia.

Advierte: "la penosa historia de muerte, violencia, acaparamiento y despojo que cubren esta tierra de sangre, puede volver a repetirse, alentada por el visitador y la residencia de la PA de Huayacocotla".

Detalla los problemas existentes en la comunidad de Texcatepec, Chila Enríquez y en los ejidos El Naranjal, La Jabonera y Anexos, y Mina-Mirador, en los que la intervención de la PA "fue negligente, omisa y parcial", por lo cual se pide la destitución de dichos funcionarios.