El PRD en la ALDF presenta denuncia contra el delegado de Miguel Hidalgo

Investiga la Contraloría gastos del convivio de Aboitiz en Cocoyoc

Se analiza si se violó la Ley de Austeridad; de ser así, constituye una falta grave: Bertha Luján

ANGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO

La Contraloría Interna de la delegación Miguel Hidalgo inició una investigación sobre los gastos realizados por el titular de la demarcación, Fernando Aboitiz Saro, en el convivio que organizó para el personal de estructura en un hotel de Cocoyoc, Morelos, informó la contralora general del Gobierno del DF, Bertha Elena Luján.

Explicó que desde que se tuvo conocimiento de la reunión se pidió al contralor adscrito a la demarcación determinar si se violó la Ley de Austeridad del gobierno de la ciudad, que es aplicable no sólo para las dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados, sino también para las delegaciones, por lo que de existir alguna transgresión a dicha normatividad se aplicarán las sanciones respectivas.

En entrevista, la contralora detalló que en este caso la ley establece que "en tanto no se autoricen nuevos programas o no se amplíen las metas de los existentes, los gastos por pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones no podrán exceder a los montos erogados en el ejercicio inmediato anterior", y "los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas, incurrirán en una falta grave".

Por su parte, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) interpuso ayer una denuncia ante la Contraloría General capitalina en contra del delegado panista, Aboitiz Saro, por presuntos actos irregulares en la realización de un convivio "excesivo y ostentoso" en Cocoyoc, cuya finalidad era motivar a los cerca de 300 trabajadores de estructura de la Miguel Hidalgo.

El coordinador del PRD en la ALDF, Carlos Reyes Gámiz, acompañado por el diputado Julio Escamilla, entregó en la oficialía de partes de la Contraloría la denuncia, acompañada de billetes de 10, 20, 50 y 100 hidalpesos, que la delegación imprimió para ser utilizados por los trabajadores en el casino que se instaló en uno de los salones de dicho hotel, el sábado 17 de julio.

Reyes Gámiz precisó que el acto consistió en "una juerga nocturna en salones y la discoteca del hotel, con comida y bebidas finas en exceso; se acondicionó además un salón como casino, donde se realizaron juegos de apuesta con billetes impresos ex profeso para esto, cada uno con leyendas que, según el delegado, expresan la ideología de los panistas".

Ya son dos procedimientos los que se siguen al director de Administración, por irregularidades

JOSEFINA QUINTERO Y MIRNA SERVIN

El director de Administración de la delegación Miguel Hidalgo, Oscar Martínez Velasco, está sujeto a un segundo procedimiento por la Contraloría General del Distrito Federal, por otorgar a una empresa privada, propiedad de un ex funcionario de la jurisdicción, 80 por ciento de un contrato de seguridad.

En la información de la Contraloría se omite el nombre del funcionario, pero señala que Martínez Velasco concedió la contratación de la empresa de seguridad sin tomar en cuenta que la ley establece, en los casos de ex servidores públicos, un plazo de un año para poder proveer algún servicio a la delegación.

Por esta situación, el funcionario, que fue suspendido del cargo 30 días por incurrir en irregularidades al otorgar un contrato de seguridad privada a la empresa Dilme SA de CV, en 2003, podría quedar inhabilitado.

Sobre el caso de Dilme, ayer se informó que la empresa fue contratada el 17 de febrero de 2003, durante la administración del jefe delegacional Arne aus den Ruten Hagg. Los motivos para suspender el servicio de la Policía Auxiliar, lo que se decidió en su momento, fueron los altos costos por elemento de seguridad.

De las 16 demarcaciones, la Miguel Hidalgo es la única que cuenta con seguridad privada, a pesar de que los estatutos del Gobierno del Distrito Federal establecen que la Policía Auxiliar debe ser considerada la primera opción para dar servicio en edificios públicos.

Así, desde marzo del año pasado, dicha empresa privada trabaja con 77 elementos de seguridad en distintos edificios pertenecientes a la delegación y en su propia sede, en tres turnos.

Trascendió que la denuncia ante la Contraloría fue hecha por ex trabajadores de la demarcación, quienes vinculan a Oscar Martínez con la misma empresa contratada. Estas irregularidades ocasionaron que el funcionario fuera retirado de su cargo desde el 20 de julio pasado.

Por su parte, las autoridades de la demarcación enviaron un documento donde se informa que para el proceso de contratación de Dilme, primero se llevó a cabo la licitación pública nacional 30001026-005-03, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 4 de febrero de 2003.

En dicha licitación hubo un registro de seis empresas, de las cuales sólo presentaron propuestas Dilme SA y Serviseg SA de CV. Esta última fue descalificada por no presentar en su propuesta el total de elementos y por errores en la fianza.

El fallo en favor de Dilme se dio el 17 de febrero de 2003, "por otorgar las mejores condiciones de calidad y precio", ya que el costo fue de 185 pesos, más IVA, diarios por elemento, mientras la Policía Auxiliar, "de acuerdo con las anteriores bases de colaboración, cobrará 350 pesos diarios por elemento".