México D.F. Sábado 7 de agosto de 2004
García Zalvidea, único edil reconocido:
Sánchez Cordero; no dejaremos la alcaldía: Marisol Avila
Guerra verbal entre ministra y concejal por el asunto
Cancún
El PAN solicitará juicio político contra
Hendricks, "por negligencia y abuso de autoridad"
DAVID SOSA Y GEORGINA SALDIERNA CORRESPONSAL Y
REPORTERA
Una guerra de dimes y diretes se desató ayer entre
la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Olga Sánchez Cordero, y la presidenta del concejo municipal de Benito
Juárez (Cancún), Quintana Roo, Marisol Avila, a quien el
máximo tribunal del país le ordenó entregar el poder
a Juan Ignacio García Zalvidea.
Fue
la segunda quien abrió fuego, al retar a la Corte: "quiero ver que
metan a la cárcel a 20 diputados locales, al gobernador y a los
15 integrantes del concejo municipal, pues en ningún momento estamos
desacatando sus resolutivos", dijo hoy en entrevista afuera del palacio
municipal.
Más tarde, la ministra Sánchez Cordero reiteró
que los efectos del decreto por el cual se creó el concejo municipal
en esa localidad, están suspendidos, de lo cual ya fue notificada
Marisol Avila.
La ministra explicó que mientras el máximo
tribunal no resuelva si son legales las prácticas de auditorías
por parte del gobierno estatal al municipio de Benito Juárez y la
controversia constitucional contra la ejecución del juicio de desafuero
al alcalde, la única autoridad reconocida para dirigir el ayuntamiento
es García Zalvidea.
En diversas entrevistas, la ministra reiteró que
los efectos del decreto 120 del Congreso de Quintana Roo están suspendidos,
y señaló que eso de ninguna manera contradice lo ordenado
por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, quien determinó que en
tanto la SCJN no resuelva la constitucionalidad del concejo y sus atribuciones,
no proceden sus actos jurídicos.
Puntualizó que hasta el momento se han otorgado
tres suspensiones, la primera de ellas tiene que ver con que se detengan
las auditorías al ayuntamiento hasta que se determine si están
apegadas a la ley; la segunda con un recurso promovido por García
Zalvidea, para que cesara la ejecución del juicio político,
y la tercera que impide la instalación del concejo municipal.
Respecto a Joaquín Hendricks, gobernador de Quintana
Roo, la ministra refirió, a su vez, que "tiene que reconocer definitivamente
las resoluciones de la Corte".
La ex diputada local y dirigente estatal del PVEM reiteró
que no abandonarán la alcaldía y seguirán al frente
de la administración hasta que la Corte le notifique por escrito
que salgan de las instalaciones.
En entrevista por separado, y en sentido contrario a las
declaraciones de la presidenta concejal, el síndico Xavier Cadena,
reconoció que el concejo no tiene personalidad jurídica y
que en breve entregarían el palacio municipal.
Por la noche, cuando personal del concejo municipal sacaba
cajas con documentos oficiales del palacio municipal fue sorprendido por
los reporteros, quienes les preguntaron porqué sustraían
la documentación.
Inmediatamente, Marisol Avila convocó a una rueda
de prensa en el despacho presidencial, e interrogada sobre si ya estaban
abandonado las instalaciones, comentó que sólo entregaría
el inmueble, siempre y cuando esté el Organo Superior de Fiscalización,
diputados del Congreso local, notarios públicos y "obviamente Juan
García".
Y preguntó a los reporteros: ¿Dónde
está Juan García? No lo veo, ¿ustedes lo han visto?
Ahora me pregunto yo con qué cabildo va a gobernar si no tiene regidores,
e insistió en que el concejo no quiere entrar en desacato, pero
tiene que haber una entrega recepción.
Libres 7 de los 9 detenidos
La madrugada de este viernes, siete de los nueve detenidos
con García Zalvidea, fueron liberados por falta de elementos
en los nueve cargos que les imputaban. Los inculpados permanecieron presos
desde el miércoles de la semana pasada, luego de una manifestación
que fue disuelta por policías municipales con gases lacrimógenos.
El juez segundo penal, Benjamín Navarrete Silva,
les dictó auto de libertad al no encontrar elementos para condenarlos,
tras ser acusados por Luis Felipe Saidén Ojeda, director de Seguridad
Pública, por la presunta comisión de nueve delitos.
Cerca de la una de la madrugada del viernes, el ex director
de la cárcel municipal Jorge Parra; el ex director de Participación
Ciudadana, Juan Carlos Muñoz; el secretario particular de García
Zalvidea, Roberto Wolf; el escolta del edil, Andrés García,
así como los activistas Jorge Chi, Jorge Antonio Che y Candy Cruz,
salieron por la puerta principal del penal de Cancún.
Los otros detenidos recuperaron su libertad a las 15 horas
de este viernes, tras depositar fianza de 10 mil 500 pesos, ya que los
delitos que les imputaron no son graves (daños dolosos contra una
patrulla de seguridad pública por 8 mil pesos). Los nueve coacusados
quedaron absueltos de los delitos de sedición, motín, rebelión
y sabotaje, así como ataques a las vías generales de comunicación
y ultraje a la autoridad.
Por otro lado, en la ciudad de México, el diputado
panista de Quintana Roo Rogelio Márquez Valdivia informó
que con el apoyo de la dirigencia nacional de su partido, solicitó
ayer a la Cámara de Diputados que se realice juicio político
contra el gobernador Joaquín Hendricks Díaz, por "negligencia
y abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones", lo que ha
causado el quebrantamiento del estado de derecho en el municipio, señaló.
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