Gonzalo Martínez Corbalá

El Senado de la República y el IMSS

El efecto de la iniciativa de reformas a dos artículos de la Ley del Seguro Social fue verdaderamente caótico, una vez que salió aprobada de la Cámara de Diputados y enviada para los efectos constitucionales correspondientes al Senado de la República. La defensa de los legisladores del PAN fue verdaderamente débil y confusa. Más bien daba la impresión que se estaba planteando la modificación de los estatutos de su partido que la de una ley, cuyos alcances y trascendencia de orden nacional no parecieron ser tomados en cuenta en ningún momento en el discurso de los senadores. Fauzi Hamdan, quien finalmente remitió el problema a la Suprema Corte de Justicia, o bien como fue el caso del senador Larios, cuya soporífera intervención nos dejó a los espectadores dormidos en el sillón ante la tevé, ocasionando que nos perdiéramos el resto de la sesión, y que según parece, por las reseñas periodísticas del día siguiente, tuvo el mismo efecto sobre los reporteros de los medios escritos, porque en realidad las crónicas que pudimos leer el jueves de esta semana fueron bastante abreviadas.

La actitud de los miembros del sindicato no fue menos contradictoria, pues mientras los dirigentes del gremio asumieron una postura muy razonable, cediendo en puntos muy importantes en relación con su planteamiento original, en lo que hace al plazo para la jubilación y a la edad, un numeroso contingente supuestamente de las bases del sindicato, atacaba con violencia los vehículos que transportaban a los legisladores a la sede del Senado, motivando la siempre indeseable intervención de la fuerza pública para franquearles el paso a los legisladores.

Algunas cosas quedaron sin embargo como muy positivas de todo este embrollo como fueron, por ejemplo, la intervención de la senadora Dulce María Sauri, puntual y sensata, llena de datos que seguramente habrán de tomarse en cuenta finalmente en algún momento, y la de la senadora Laura Alicia Garza Galindo, quien advierte con toda claridad que es indebido el traslado del problema del Poder Ejecutivo al Legislativo, con los riesgos institucionales inherentes.

El senador Carlos Rojas expresó una opinión jurídica sobre la iniciativa de reformas a los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social, en la que sostuvo, entre otros temas de importancia, que "en consecuencia, el Congreso de la Unión no tiene facultades constitucionales para legislar en materia de jubilaciones y pensiones de los trabajadores, como no las tiene para legislar sobre otras materias laborales; por ejemplo: no puede legislar en relación a salarios mínimos, pues la fracción VI del artículo 123 determina que se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, así como no puede legislar sobre el derecho de los trabajadores a una participación en las utilidades de las empresas, que igualmente es encomendada a una comisión nacional que debe fijar el porcentaje de utilidades que debe repartirse entre los trabajadores".

Por todo lo cual, el senador Rojas sostiene la inconstitucionalidad de la reforma propuesta a los artículos citados de la Ley del Seguro Social, en vista de la ausencia de facultades del Congreso para legislar sobre esta materia, y aun cuando su moción suspensiva fue desechada en la sesión de referencia, conviene tener presentes los argumentos de orden jurídico establecidos, puesto que en este orden parece ser que todavía no está dicha la última palabra, lo que sin duda hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde otro extremo del espectro político ideológico, desde el PRD el senador Jesús Ortega, muy congruente con su posición de siempre, atribuyó la propuesta a la tendencia neoliberal del régimen y a una velada intención privatizadora que habría de seguir hacia otras instituciones del sistema.

Tiempos atrás, en el Consejo Técnico del Seguro Social se discutía este tipo de problemas, y generalmente se llegaba a acuerdos entre los representantes patronales, gubernamentales y de los trabajadores en un cuerpo colegiado que, como excepción casi única, es presidido por el propio director general de la institución, posición favorable por cierto, para inducir y resolver las diferencias en ese ámbito que en el caso presente, por lo visto, no sirvió de gran cosa, y el conflicto de múltiples facetas que se presentó desbordó de inmediato los límites de la dirección del instituto, para proyectarse hacia las calles de las principales ciudades de México, en diversos grados de violencia.

La materia fundamental de este complejo problema no es ni debe ser de naturaleza ideológica ni partidaria, consecuentemente, sino en todo caso, deben atenderse los hechos que los resultados actuariales aconsejen pero sobre todo los de orden patriótico que dicten el sentido común y el interés nacional de todos los mexicanos, sin excepción. Hacemos votos porque así sea. Habría que recordar los consejos del virrey De Iturrigaray: serenidad y juicio, suavidad y maña.