José Luis Manzo

Pemexgate II y Amigos de Fox II

De inicio se presentan hechos que inducen a pensar en la existencia de un operativo, hasta ahora desconocido, que montaron los priístas en Pemex en la fase previa a las elecciones de julio de 2000. Por la enorme suma involucrada y las características de ese operativo, podríamos estar frente al Pemexgate II.

Durante 1999 Pemex contrató a mil 678 personas con plazas de gerente (68), subgerente (409) y superintendente general (mil 201), a las que no se les asignaron cargos o funciones concretas a realizar ni fueron ubicadas en áreas específicas de la empresa. Esta fue una contratación de ocasión; es decir, en 1999 se abrieron mil 678 plazas que no existían en 1998, mismas que fueron canceladas en 2000, y no fueron renovadas posteriormente. El costo salarial total de estas contrataciones durante 1999 ascendió a mil 66 millones de pesos. Leyó usted bien: mil sesenta y seis millones de pesos.

Es prácticamente imposible que en Pemex pasen desapercibidos mil 678 nuevos funcionarios de alto nivel, que ingresan en masa a la empresa y permanecen en ella por un corto periodo. Nadie se percató de su presencia ni se conocieron los frutos concretos de su trabajo.

Contratar de improviso a un elevado número de personas por un periodo contado en meses, tiene todas las características de un operativo especial. Por el monto elevado de los pagos podría pensarse en la contratación de especialistas de alto nivel requeridos con urgencia y temporalmente, tal vez para negociaciones internacionales realizadas simultáneamente con muchos interlocutores, o la contratación masiva de empresas de servicios especializadas para controlar pozos incendiados (como el Ixtoc I en tiempos de López Portillo) o catástrofes similares, empresas que por lo demás aceptarían el pago de sus honorarios vía salarios. Situaciones de este tipo no se registraron en 1999.

Las características del operativo descrito y el momento político en que se aplicó inducen a pensar que se trata de una simulación mediante la cual, durante 1999 y probablemente hasta junio de 2000, Pemex contrató como aviadores a operadores del PRI, o en parte simuló contratarlos, para desviar esos recursos a financiar la campaña electoral que culminó en julio de 2000.

Este operativo es similar y complementario al que ahora se conoce como Pemexgate, mediante el cual se pretendió disfrazar, como un supuesto préstamo al sindicato petrolero, el desvío de más de mil 580 millones de pesos de los recursos de Pemex a la campaña electoral mencionada.

Por su parte, los foxistas no se quedan atrás, si de saquear a Pemex se trata; no con fines electorales -por ahora-, pero sí para dar empleo a los amigos, aunque no los necesite la empresa, ni conozcan de petróleo.

Durante el primer año del gobierno de Vicente Fox (2001), la nueva dirección de Pemex encabezada por Raúl Muñoz Leos (ex ejecutivo de Dupont), despidió a 181 altos funcionarios (mandos medios y superiores), que no sólo fueron sustituidos por el mismo número de funcionarios amigos, sino que se contrataron 307 funcionarios adicionales, que le significaron a Pemex en 2001 un sobrecosto de 360 millones de pesos. Para 2002, el número acumulado de altos funcionarios contratados en exceso ascendió a 536, lo que representó en ese año un sobrecosto salarial de 660 millones de pesos. Si se suman ambos importes resulta que, durante los dos primeros años del gobierno de Fox, la contratación en exceso de altos funcionarios le significó a Pemex un gasto adicional de mil 20 millones de pesos (más lo que se acumuló en 2003 y 2004). Estas cifras totales son resultado de sumar casos concretos como los tres que se exponen enseguida:

1. El director general del Corporativo Pemex, Raúl Muñoz Leos, tuvo a su disposición cuatro secretarios particulares en 2001 y tres en 2002; ello cuando uno habría sido más que suficiente. Las plazas adicionales le significaron a Pemex un sobrecosto de 6.1 millones de pesos en 2001 y de 4.5 millones de pesos en 2002.

2. Durante 2001 en el Corporativo Pemex se adicionaron tres nuevas direcciones corporativas (su número pasó de cuatro a siete). El costo en salarios, equipos e instalaciones que representó crear estas nuevas áreas es enorme, como ilustran dos datos: (a) en conjunto, los tres nuevos directores corporativos costaron a la empresa 6.9 millones de pesos en 2001 y 7.8 millones en 2002; (b) Se abrieron plazas para 12 subdirectores en 2001, número que ascendió a 14 en 2002, lo que representó una erogación salarial adicional por 24.2 y 31.9 millones de pesos, respectivamente. (En meses recientes, ante la presión de la Cámara de Diputados, la dirección general de Pemex redujo nuevamente a cuatro el número de direcciones corporativas; pero ello no elimina el quebranto patrimonial provocado a la empresa durante el periodo 2001-2003).

3. El número de puestos con plaza de gerente (nivel 44) pasó de 216 en 2000, a 235 en 2001, y a 261 en 2002. Las plazas adicionales provocaron un sobrecosto de 30.7 millones en 2001 y 79 millones en 2002.

Los datos anteriores permiten afirmar que con Vicente Fox, Pemex ha sido convertida en agencia de colocaciones de panistas y amigos desempleados, lo que incrementa artificialmente los costos de operación y merma la rentabilidad de esa empresa pública.

Y mientras Pemex se llena de gente ignorante e inexperta en materia petrolera que cobra enormes salarios por impulsar la privatización de la industria a toda costa, son despedidos miles de técnicos y profesionistas, lo que pone en riesgo la operación adecuada de las instalaciones petroleras, pues esos técnicos despedidos son parte de los responsables directos de operar, supervisar y dar mantenimiento a la compleja red de pozos, plataformas, plantas e instalaciones que integran la industria petrolera nacional.

La mayor parte del recorte de 5 mil plazas de confianza que ilegalmente pretende consumar Pemex (requiere de la previa autorización -que no ha solicitado- de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto expresamente por una jurisprudencia de la Suprema Corte), ya empezó a recaer en estos técnicos y profesionistas. Incluso, algunos de ellos, de reconocida capacidad y con antigüedad superior a 20 años, que integran la directiva de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), fueron despedidos por presentar ante los tribunales una demanda de nulidad absoluta del contrato de servicios múltiples, firmado con Repsol, y por solicitar, al igual que una organización hermana, la ONTCIP (Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera), su respectivo registro como sindicato de trabajadores de confianza, derecho consagrado por la Constitución y las leyes laborales. Los trabajadores no están mancos y se defienden con bravura con los medios legales y de movilización política a su alcance.

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