Un gobierno de aventureros políticos sin historia propicia la división, dice el tricolor

Sale el PRI en defensa de los responsables de la guerra sucia

Aprueba la cúpula priísta documento que legitima acciones para "estabilizar" el país

CIRO PEREZ SILVA

Las acciones que emprendió el gobierno foxista, "un grupo de aventureros políticos sin historia que ignoran el pasado", al crear la Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para castigar a los responsables de la llamada guerra sucia, carecen de fundamento político y legal, advirtió ayer el Consejo Político Nacional (CNP) del PRI al iniciar la defensa de autoridades civiles como el ex presidente Luis Echeverría, Julio Sánchez Vargas, Mario Moya Palencia y militares señalados como probables responsables de diversos delitos en la década de los años 70.

El gobierno pretende, advierten los priístas, "atacar la idea misma del Estado mexicano en una nefasta conjunción de perversidad pragmática e ignorancia histórica", al tiempo que acusan a la administración foxista de "no atender los reiterados llamados a la conciliación" del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García.

"Cuando el país está urgido de la conciliación política que permita encontrar las fórmulas de solución a los grandes problemas nacionales, el gobierno plantea una nueva provocación que inevitablemente creará divisiones en el pueblo mexicano", subrayó la directiva priísta.

Luego de un debate privado de más de cuatro horas, en el que participaron todos los gobernadores priístas, los mandatarios electos del tricolor, representantes de los sectores y coordinadores parlamentarios, entre otros, se aprobó un documento elaborado por la dirigencia nacional priísta y presentado ante el CNP por el senador y general Ramón Mota Sánchez, el general y ex diputado Alvaro Vallarta y el general y legislador Guillermo Martínez Nolasco, en el cual se advierte que el gobierno foxista pretende acabar con la legitimidad del Estado mexicano.

"La legitimidad del Estado no se explica sin la legitimidad de la jefatura del Estado y la fidelidad de las fuerzas armadas a las instituciones de nuestra patria, a la Constitución y a la legalidad que norma y enmarca el proceso político del país", advierte el tricolor y destaca que durante tres años y medio el país ha presenciado un ataque de conjunto a las instituciones políticas.

"Ahora pretende acabar con la legitimidad de la jefatura del Estado mexicano", aseguran, ya que no se trata de enjuiciar a un ex presidente en particular, en este caso a Luis Echeverría Alvarez, sino que se intenta vulnerar la figura de la institución presidencial, del jefe del Estado mexicano, "de la legitimidad histórica que dio estabilidad política al país por más de 70 años, mientras el país se hallaba inmerso en guerras, golpes de Estado y graves conflictos civiles".

Diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y la dirigencia nacional del tricolor advierten además que deberán "evaluar el diálogo y negociación" con el presidente Vicente Fox, "en tanto se mantengan vigentes las acciones penales en contra de autoridades civiles y militares implicadas en la persecución de guerrilleros durante los años 70, sin demérito de la responsabilidad pública en donde seamos factor de gobernabilidad".

En la reunión de CNP, el PRI determinó convocar a "distinguidos juristas para que reúnan los argumentos que demuestren la ilegalidad de las sanciones penales" que pretende iniciar el gobierno foxista.

Roberto Madrazo llamó a los priístas a no caer en la trampa del gobierno, ya que con esta defensa no se busca impunidad sino la simple aplicación del derecho, "los delitos que se pretende imputar han prescrito, además de que no hay pruebas ni elementos", aseguró luego de insistir que en este sexenio se ha frivolizado la política.

En conferencia de prensa, el secretario técnico del CPN, David Penchyna Grub, señaló a su vez que el PRI reivindica su interés por la defensa del estado de derecho y su rechazo a la fabricación de pruebas y del uso mediático para generar condiciones de linchamiento en la sociedad.

En su oportunidad, Mota Sánchez demandó que las acciones del pasado sean olvidadas, llamó también a "no amargar" a las nuevas generaciones con versiones distorsionadas de los hechos, y aunque admitió que hubo "errores" del Ejército Mexicano en la lucha contra los grupos guerrilleros, también hubo errores de parte de éstos.

Alvaro Vallarta, a su vez, se pronunció por aplicar la justicia "en todos los órdenes, también entre los guerrilleros que pretendieron desestabilizar al país, asesinaron a civiles por la espalda, a policías y a casi 300 soldados, además de los asesinatos que se dieron entre los propios integrantes de los grupos guerrilleros".