El juez cuarto de justicia militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, decretó ayer un auto de libertad "por desvanecimiento de datos" a favor del general Arturo Acosta Chaparro, en relación con el juicio que se le sigue por el homicidio de 22 campesinos guerrerenses en el contexto de la guerra sucia emprendida por el gobierno mexicano en los años 70 contra guerrilleros y disidentes políticos y sociales. El militar no saldrá libre, porque además está sentenciado, junto con el también general Francisco Quirós Hermosillo, por vínculos con el narcotráfico, pero la determinación de la justicia militar de no juzgar a ese y a otro uniformado -el mayor Francisco Javier Barquín- por las atrocidades represivas perpetradas en décadas anteriores constituye un signo ominoso, porque alienta la impunidad, y debe ser vista en un contexto en el que, más que los datos del proceso referido, lo que parece desvanecerse es la perspectiva de hacer justicia.

El más obvio elemento de ese contexto es la reciente declaración -pareció críptica entonces, resulta transparente ahora- del secretario de la Defensa, general Ricardo Clemente Vega García, quien habló, en términos vagos, de la necesidad de "perdonar". A la luz del favor recibido por Acosta Chaparro es inevitable suponer que el juez Salas Muñoz interpretó las recientes palabras de su superior jerárquico como una orden.

Unos días antes, en el ámbito de la justicia civil, el quinto tribunal unitario de lo penal otorgó un amparo a Luis de la Barreda Moreno, quien fuera titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y que, con Miguel Nazar Haro, actualmente preso en Monterrey, es señalado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) como presunto responsable de la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra.

Ayer, mientras la justicia militar decretaba "el desvanecimiento de datos" en la acusación contra Acosta Chaparro, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, formulaba un apasionado alegato a favor de la impunidad para los delincuentes -civiles o militares- que, en pleno auge del presidencialismo priísta, ordenaron y ejecutaron el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos o miles de ciudadanos. El líder tricolor arguyó que la procuración e impartición de justicia para los numerosos y graves casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el poder público en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo es peligrosa "para un país cuyas instituciones hoy en día están tan lastimadas, tan vulneradas; que vayamos a ahondar en un problema todavía más profundo con el Ejército".

La vergonzosa alocución de Madrazo Pintado parece una respuesta al compromiso adoptado ayer por el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, ante el comité ciudadano de esa dependencia, de pedir consignaciones de alto nivel -entre las que podrían estar las de Luis Echeverría y de su ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia- el próximo día 15.

Desde luego, las argumentaciones a favor de la impunidad basadas en una supuesta "preservación de las instituciones" y de un presunto afán por evitar una mayor descomposición política resultan falaces e incluso perversas, porque la estabilidad institucional no puede fundamentarse en crímenes irresueltos perpetrados desde el poder político, y el perdón no puede otorgarse a ciegas, sin haber esclarecido previamente los actos que podrían -o no- ameritarlo. La consolidación institucional del país requiere que se vaya a fondo en el conocimiento puntual de lo ocurrido en los sótanos de los aparatos represivos del gobierno, en las zonas militares, en las cárceles clandestinas que tenían a su cargo Nazar Haro y De la Barreda Moreno y en los vuelos de la muerte que partían de la base aérea de Pie de la Cuesta, en el curso de los cuales fueron arrojados al mar unos 150 cadáveres de víctimas de la represión militar.

Las fuerzas armadas, al igual que el resto de las instituciones, deben limpiar su prestigio, y para ello es indispensable que sancionen a sus elementos delictivos que participaron en tales acciones, independientemente de su rango. Es bochornoso que funcionarios del Poder Judicial "amparen y protejan" a presuntos torturadores y asesinos que jamás otorgaron a sus víctimas la posibilidad de un juicio de amparo. Es preocupante, para finalizar, que el presidente nacional del PRI se manifieste por la impunidad para altos funcionarios de ese partido, porque ello sólo puede interpretarse como una profesión de fe represiva y violatoria de los derechos humanos, de la que los priístas consecuentes y honestos debieran deslindarse cuanto antes.