Alcanza $223 mil millones el monto; ingresará como deuda por el rescate bancario

Abre el IPAB canje de pagarés Fobaproa

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó abrir el proceso de sustitución de obligaciones (canje de pagarés) Fobaproa por bonos IPAB, cuyo monto de 223 mil millones de pesos ingresará formalmente a la deuda contraída por el rescate bancario, convirtiéndose en pasivo del instituto.

El órgano de gobierno determinó que el trabajo de Michael Mackey es la auditoría a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que prevé revisiones y la devolución de las operaciones irregulares e ilegales a los bancos involucrados (Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte).

No obstante, el trabajo del canadiense hace referencia a operaciones reportables, por lo que ante esa diferencia de conceptos será prácticamente imposible aplicar o devolver cartera irregular a las instituciones antes mencionadas.

Un elemento que quedaría fuera serían los bank reports y las observaciones no solventadas que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de esta forma, se estaría ignorando el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al IPAB, el 13 de agosto de 2003, el cual instruía al instituto a considerar los hallazgos de Mackey, de la ASF y del órgano interno de control del instituto.

De esta última instancia, el contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez, señaló en 2001 beneficios ilegales a los bancos por 45 mil millones de pesos.

La Cámara de Diputados, atada de manos

El acuerdo al que ayer llegó la Junta de Gobierno del IPAB no puede ser impugnado legalmente por la Cámara de Diputados, en virtud de que la ASF sólo está facultada para realizar la revisión a posteriori de las acciones del gobierno federal.

De acuerdo con el artículo 17 transitorio de la Ley del IPAB, la ASF y la Secodam (ahora Secretaría de la Función Pública) pueden ejercer actos de fiscalización sobre el instituto pero únicamente de acuerdo con las atribuciones que las leyes les confieren respecto a la fiscalización y el control correspondientes.

En medio de todo, el analista financiero Mario di Costanzo explicó que "la ASF deberá sancionar si una vez concluido el proceso se cumplió con el mandato establecido en el artículo quinto transitorio, recomendando hasta ese entonces la nulidad del proceso y el fincamiento de responsabilidades para la Junta de Gobierno del IPAB, ya que para la Cámara de Diputados el trabajo de Mackey no es una auditoría y la decisión del IPAB no cumple con el mandato del citado artículo".

De esta forma, la Cámara de Diputados no tiene facultades para aprobar o desechar en el pleno la estrategia propuesta por el IPAB, ya que ese mandato le fue otorgado al instituto; sin embargo, el Congreso podría negarle en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 los recursos adicionales para cubrir los intereses generados por los nuevos pasivos asumidos, por no cumplir con el mandato.

Para el presupuesto del presente año, el gobierno de Vicente Fox solicitó 34 mil millones de pesos para el pago de las obligaciones contraídas por el rescate bancario, cifra que le fue concedida, y se estima que para 2005 los recursos para ese propósito serían del orden de los 50 mil millones de pesos.

Por su parte, el diputado petista Oscar González denunció que "la maniobra" del IPAB-Fobaproa no se justifica. "Todos sabemos que el proceso de los pagarés se hizo de la manera más irregular, y mientras no se realicen auténticas auditorías no estaremos de acuerdo. El gobierno de Fox está cometiendo una falta grave y nos está llevando a entrar a una confrontación con los banqueros, con Hacienda y con el Congreso. Finalmente no les vamos a autorizar los recursos que pretenden solicitarnos", advirtió.

El coordinador económico de la bancada del PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar, también advirtió sobre "la posibilidad de que Fox entre en una seria confrontación con el Congreso, porque no se podrían negociar reformas como la energética y la eléctrica, porque garantizaría la impunidad en todos los crímenes financieros cometidos durante el rescate bancario".

"Sería avalar otro saqueo", agregó. En la 57 Legislatura se decidió no reconocer el endeudamiento porque el Congreso no podía avalarlo si no se hacían todas la depuraciones, y ahora resulta que violentando el acuerdo de esa legislatura, con la mano en la cintura quieren que la 59 avale una deuda sin haber cumplido con ninguno de los preceptos establecidos en el artículo quinto, señaló.