Tendrá la ALDF "la última palabra" sobre el desafuero

López Obrador, con ruta libre hacia 2006: Burgoa

Con base en la Constitución, San Lázaro sólo es "mediador"

JESUS ARANDA

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, no tiene problema alguno para aspirar a la candidatura por la Presidencia de la República, ya que de ser desaforado por la Cámara de Diputados, ésta tendría que notificar su resolución a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que tendrá "la última palabra" y, seguramente, será de rechazo al juicio político y eventual destitución del gobernante.

Afirmó lo anterior el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, quien sin embargo dio la razón al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de rechazar la controversia constitucional que interpuso la ALDF ante la Suprema Corte con el propósito de frenar el procedimiento de desafuero contra López Obrador.

Respecto a la posibilidad de que el jefe de Gobierno capitalino pueda contender por la Presidencia, aun cuando la Cámara de Diputados dé luz verde a su desafuero, el especialista en amparo y derecho constitucional sostuvo que de acuerdo con el artículo 111 constitucional, San Lázaro es únicamente una especie de "mediador" en este proceso de desafuero "y no puede tomar una decisión definitiva" cuando se trata de asuntos en los que están involucrados funcionarios de las entidades del país, como sería el caso del jefe de Gobierno capitalino.

"Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados (...) la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda", cita el artículo 111.

Es decir, precisó Burgoa, la ALDF tendría "la última palabra", y como actualmente la mayoría la integran legisladores perredistas, no hay posibilidad de que convaliden la decisión de los diputados.

Añadió, por otro lado, que de pedir licencia con seis meses de antelación a las elecciones de 2006, López Obrador no perdería el fuero, porque éste se otorga al funcionario, no al cargo en sí, por lo que el jefe de Gobierno no tendría de qué preocuparse por su eventual candidatura a la Presidencia.

Por su parte, el constitucionalista Clemente Valdés sostuvo que "es urgente crear un mecanismo legal" que valore los casos cuando altos funcionarios de la Federación o de las entidades son denunciados penalmente, porque el actual método de desafuero y juicio político deja en manos de los políticos de una mayoría legislativa la decisión contra un adversario que pertenece a otro partido, con resultados previsibles.

Este mismo mecanismo, explicó en entrevista, tendría que valorar no sólo la procedencia del delito, sino también la gravedad, para dar lugar a la eventual destitución del funcionario acusado y que afronte el juicio penal.

Recordó que si bien el procedimiento de desafuero fue creado para proteger de denuncias menores a los altos funcionarios, para evitarles distracciones en sus labores, tanto el juicio político como el desafuero son anacrónicos y deben desaparecer para dar lugar a un nuevo mecanismo que despoje de cuestiones políticas las denuncias contra funcionarios, y se limite a establecer la posible responsabilidad jurídica de los acusados para dar lugar al proceso penal cuando la situación realmente lo amerite.