Busca denostar a la oposición, según aspirante aliancista

Acusan a Guerrero Mier de apoyar con recursos estatales campaña priísta

LAURA POY SOLANO

Jorge Campos Murillo, candidato a la gubernatura por la Alianza Todos por Durango -integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia-, denunció que el gobernador, Angel Sergio Guerrero Mier ha emprendido "una campaña de Estado para denostar a la oposición" y apoyar con recursos públicos la campaña del candidato priísta, Ismael Hernández Deras, contra quien, además, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto financiamiento de su campaña con dinero proveniente del extranjero.

Las irregularidades denunciadas por Campos Murillo, a dos semanas de los comicios estatales, incluyen el uso de personal e instalaciones oficiales para actos de campaña del candidato priísta, así como el traslado en aeronaves propiedad del estado. Campos aseguró que tiene pruebas de un mitin de apoyo a Hernández Deras, realizado en Chicago, Illinois, el cual costó 300 dólares por mesa y 30 por boleto, lo que implicaría, indicó, "una violación a la legislación electoral".

Agregó que la administración de Guerrero Mier ha sido "incapaz" de cumplir con las promesas de crecimiento y bienestar para el estado, situación que se agrava "con las corruptelas con las que se pretende prolongar la presencia priísta en el gobierno de la entidad".

Por esto rechazó las acusaciones de "traidor" con las que, aseguró, "se pretende humillar y denostar a los candidatos de oposición", pues indicó que esta no ha sido la única estrategia usada por el Ejecutivo estatal, quien "incurrió en diversos delitos al videograbar sin autorización a los líderes de la oposición, de quienes asegura Guerrero Mier tener pruebas de peticiones ilícitas de recursos".

El candidato de la Alianza Todos por Durango, quien fue procurador general de Justicia de la misma administración priísta a la que ahora acusa, denunció que el Ejecutivo local ha usado la infraestructura de inteligencia conocida como C-4 para grabar a los candidatos de la oposición, "incurriendo en un delito que se podría castigar con cárcel".

Señaló que a pesar de estas anomalías en la campaña electoral, "no permitiremos que la corrupción y la ineficiencia continúen gobernando la entidad, donde 100 mil personas están desempleadas y más de 50 por ciento de la población sufre pobreza extrema".