Ellas aceptaron ante amenazas de enfrentar juicio político por el caso Millet, según el PRI

El gobierno yucateco presionó a dos ministras para avalar triunfo de AN

Patrón Laviada rechaza acusaciones; "el tricolor busca desvirtuar el voto que favoreció a Fuentes Alcocer"

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 19 de junio. En su recurso de impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el resultado adverso que tuvo en esta capital en los comicios del 16 de mayo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) documentó que las magistradas Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Mercedes Pérez Fernández, integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE), fueron "presionadas" por el gobierno estatal para avalar el triunfo al Partido Acción Nacional (PAN).

En la exposición de motivos, los representantes jurídicos del PRI, Rafael Ortiz Ruiz y Juan Solís Benavides, notificaron al TEPJF que ambas togadas decidieron no aprobar el dictamen del juez Júnior Arellano Santana, quien votó por la anulación de las elecciones debido al hostigamiento que recibieron de las autoridades gubernamentales, pero tampoco presentan pruebas contundentes de su versión.

Los funcionarios priístas explican que Rodríguez Arcovedo, Pérez Fernández y sus colegas Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia y Ligia Cortés Ortega, han sido amenazados desde principios de 2004 con enfrentar juicio político, el cual pretenden fincarles 14 diputados salientes (12 del PAN y dos independientes), por el supuesto de que los cinco impiden la liberación de Armando Medina Millet, ex empresario sentenciado a 20 años de cárcel por matar a su esposa, Flora Abraham Mafud, en 1995, pero cuyo caso se ha politizado y enfrentado a poderosos sectores sociales de la entidad.

El TSE se integró como la segunda instancia calificadora de las elecciones, con las dos magistradas ya citadas y el juez Arellano Santana. La semana pasada, al resolver la impugnación que interpuso el tricolor por los resultados que favorecieron al candidato panista a la alcaldía, Manuel Fuentes Alcocer, aquéllas, por voto mayoritario, resolvieron no revocar el triunfo blanquiazul a pesar de que se documentaron presuntas evidencias de que el gobierno local dispuso de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para condicionar el voto ciudadano.

El PRI considera en su impugnación ante el TEPJF que, "de alguna manera", las magistradas fueron presionadas para que no alteraran el sentido de la elección en Mérida, en la cual salió derrotado el ex gobernador Víctor Cervera Pacheco.

Ante esta acusación, el Poder Ejecutivo que encabeza Patricio Patrón Laviada rechazó haber hostigado a las ministras o amenazarlas con llevarlas a juicio político. "Todo forma parte de una estrategia del PRI para desvirtuar el sentido del voto que favoreció al candidato panista Manuel Fuentes Alcocer; no aceptan (los del tricolor) su derrota", destacó el gobierno local.

"Hay respeto entre los poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y no pesamos en el ánimo de las magistradas Mygdalia Rodríguez y Mercedes Pérez", agregó.

El TEPJF deberá resolver antes del 30 de junio un paquete de impugnaciones que remitieron PRI, PAN y PRD, por las elecciones en los municipios de Mérida, Akil, Opichén, Dzan, Kinchil y Chocholá, donde se anularon resultados y se convocó a comicios extraordinarios.

Desde 1996, por falta de consenso entre las fracciones legislativas, no se han podido aprobar reformas constitucionales, una de ellas, el ordenamiento para desaparecer el TSE, que estaba contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El año pasado, los diputados de PAN, PRI y PRD discutieron sobre el tema, pero por falta de consenso de la mayoría calificada (al menos 17 de un total de 25 legisladores), todo quedó estancado.

La fracción de 12 panistas, el único perredista Jorge Vallejo Buenfil y los independientes Manuel Avila Noh y Félix Paat Alcocer, denunciaron que el PRI se opuso porque el TSE es un bastión donde el tricolor podría acudir para resolver impugnaciones electorales en su favor.

Una muestra de la actuación presuntamente parcial del TSE se dio en los comicios de 2001, cuando los magistrados Ligia Cortés Ortega y Ricardo Avila Heredia, y la juez Mercedes Gamboa García, revocaron el triunfo de la candidata a diputada del PAN, Lizbeth Medina Rodríguez, y se lo otorgaron al priísta Freddy Monforte Braga, ex integrante del gabinete del entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco.

La decisión de anular el triunfo del PAN impidió que ese partido ocupara la mayoría de la 56 Legislatura, cuya gestión termina este primero de julio y quitó al TEPJF la posibilidad de analizar el juicio, puesto que los plazos para interponer recursos ante la instancia federal habían terminado.