En la denuncia ante la ASF se pide auditar permisos otorgados por la CRE, informa Bartlett

Ilegal, permitir operar a gaseras de trasnacionales en la frontera norte

Se pretende convertir esa zona en un centro energético para abastecer de combustibles a California

La explosiones en regasificadoras, casi tan peligrosas como las ocurridas en plantas nucleares

ANDREA BECERRIL

El gobierno foxista no sólo beneficia a las trasnacionales al otorgarles la explotación directa de gas natural, vía "los inconstitucionales contratos de servicios múltiples (CSM)", sino que "le da la vuelta a la ley" al permitir que los consorcios extranjeros instalen plantas de regasificación en la frontera norte para abastecer de ese hidrocarburo a Estados Unidos, denunció el senador del PRI Manuel Bartlett.

Precisó que en la denuncia que presentó el miércoles pasado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en nombre de 177 senadores y diputados del PRI se solicita la nulidad de cuatro permisos para almacenamiento y regasificación otorgados a trasnacionales, "toda vez que ponen en riesgo la seguridad nacional y la integridad territorial, al convertir a la región de Tijuana, Ensenada y Mexicali en un centro energético para abastecer de gas y electricidad a California.

En la denuncia se destaca que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) violó el artículo 27 constitucional al otorgar los "permisos de almacenamiento y regasificación" a Shell, Sempra y Marathon Oil para operar en Baja California y Tamaulipas, puesto que en ese ordenamiento se establece que en una faja de cien kilómetros, a lo largo de las fronteras, y de cincuenta, en las playas, por ningún motivo los extranjeros podrán adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

De entrada, la CRE otorgó los cuatro permisos al margen de ley porque la regasificación es equivalente a la elaboración de gas, ya que se trata de un proceso mediante el cual se transforma el hidrocarburo de un estado no aprovechable -líquido a muy bajas temperaturas, a otro en que dicho gas puede ser utilizado directamente por los consumidores.

Este tipo de plantas en Estados Unidos son sujetas a una rigurosa legislación, que sólo permite su instalación en sitios alejados de la zonas residenciales debido a que el gas natural licuado es un material muy peligroso por su alta capacidad explosiva. Incluso se considera que la explosión de una planta de regasificación es el segundo accidente más grave después del ocurrido en una planta nuclear.

Sin embargo, la CRE pasó por alto ese riesgo, al igual que el Convenio entre México y Estados Unidos sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, firmado en agosto de 1983 y en el cual ambos países se comprometieron a adoptar medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación.

Las cuatro plantas están ya terminadas, dos de ellas en Ensenada, otra en Tijuana, Baja California, y una más en Altamira, Tamaulipas, y para 2007 estarán ya dedicadas a importar y abastecer de gas natural a Estados Unidos, sin cumplir los requisitos de ley y con riesgos diversos para la seguridad nacional.

Entre tales riesgos, se advierte en la denuncia a la ASF, "que la propiedad, construcción y operación de las plantas estarán en manos de estadunidenses, que producirán un bien fundamental e imprescindible para una nación que no es México.".

Asimismo, "las acciones que tome el gobierno mexicano en materia fiscal, laboral y ambiental podrían ser consideradas en Estados Unidos como un atentado directo contra la economía y bienestar de esa nación". Además, "al convertir la región de Tijuana-Ensenada y Mexicali en un centro energético para abastecer electricidad y gas natural a California, las instalaciones estarían sometidas a las leyes y reglamentos del país vecino".

A extranjeros, sólo beneficios sin obligaciones con el desarrollo

Tanto Shell como las demás petroleras extranjeras asegurarán los más altos beneficios sin la menor obligación de satisfacer las exigencias del desarrollo económico y social de México, ni las del propio sector energético mexicano. Aunado a ello, el tráfico marítimo de barcos transportadores de combustible y las plantas de regasificación entrañan grandes riesgos para la fauna, flora y flota marítima aledaña a las instalaciones.

En general, "el manejo de grandes volúmenes de gas natural licuado representa un riesgo importante para la población mexicana cercana a las instalaciones de regasificación y transporte, pero no para el consumidor estadunidense que recibirá energía limpia en la puerta de su casa".

Por todo ello, en la denuncia, Bartlett pide a la ASF auditar los cuatro permisos otorgados por la CRE, puesto que son ilegales y forman parte de la privatización encubierta de Pemex que lleva a cabo el gobierno del presidente Vicente Fox.