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México D.F. Domingo 20 de junio de 2004

Antonio Gershenson

Preferencias y privatizaciones

El punto de partida, o uno de los puntos de partida, de la serie de escándalos, agresiones y discusiones que se desataron en los meses recientes fueron los resultados de las encuestas sobre posibles ganadores en las elecciones de 2006. Aunque hay un elemento personal en estos resultados (no era lo mismo el resultado de un posible candidato de izquierda que el de otros), ahora aparecen elementos en el sentido de que no ha sido sólo una preferencia personal, sino una izquierdización de los ciudadanos. Por lo menos en uno de los aspectos más polémicos de nuestra vida política, económica y social: las privatizaciones.

Acaba de hacerse público un informe del Banco Mundial -que ha apoyado financieramente privatizaciones en varios países del mundo- titulado Reformando la infraestructura. Privatización, regulación y competencia. En el informe se hace referencia a la "hostilidad" hacia las privatizaciones, que "no está limitada a unos pocos radicales que protestan". Y cita encuestas de opinión, "especialmente en América Latina" que lo muestran. "Los porcentajes de reprobación fueron mayores en 2002 que en 2000, y mayores en 2000 que en 1998".

Un primer elemento a señalar es que en México el porcentaje de quienes se oponen a las privatizaciones pasó de 40 por ciento en 1998, a 72 por ciento en 2002 (los porcentajes están tomados de una gráfica, pero con elementos que permiten que el posible error no sea mayor de un punto porcentual). Eso, a su vez, nos muestra lo que dijimos: las preferencias prelectorales no sólo se orientan en cuanto a personas, sino que, por lo menos en uno de los puntos polémicos importantes, van acompañadas de un rechazo a políticas derechistas y, por lo mismo, de una especie de viraje hacia la izquierda.

Otro elemento: el fenómeno no es exclusivo de México. Entre los siete países incluidos en el estudio a este respecto, ninguno es una excepción a la regla del aumento de los porcentajes de rechazo a las privatizaciones. Y en todos, el porcentaje de rechazo es superior a 60 por ciento. Es más, en tres países el porcentaje de rechazo es mayor que en México: Bolivia, 77 por ciento; Chile, 78 por ciento, y Argentina, 85 por ciento. Así que estamos como a la mitad del rango.

Estos datos confirman las afirmaciones de que lo que está en el fondo de los ataques, de las zancadillas, etcétera, es la confrontación entre dos proyectos. Y los porcentajes de los que hablamos son excepcionalmente altos frente a lo que suele resultar de las encuestas.

Hay un problema: no se pueden dictar órdenes de aprehensión contra un proyecto nacional. Otro problema: está clara la oposición a un proyecto que incluya privatizaciones, o que se base en ellas. Pero, en lugar de eso, Ƒqué?

Se vuelve fundamental el contar con un proyecto alternativo suficientemente socializado como para que quienes rechazan el esquema vigente se agrupen en torno a una solución a los problemas que el modelo actual no ha resuelto y que, inclusive, en varios sentidos los ha agravado.

Es preciso que sean ampliamente compartidos, cuando menos, algunos principios básicos sobre cómo sí deben operar las actividades estratégicas. Planteamos aquí algunas propuestas encaminadas en esa dirección.

Las áreas estratégicas deben contar con los recursos necesarios, generados por ellas mismas, para cubrir sus necesidades de operación, inversión y desarrollo.

Estas áreas deben programarse y planearse a largo plazo, previendo no sólo los recursos económicos necesarios, sino garantizando los insumos y en general los elementos necesarios para su desarrollo. Esto puede llevar a la firma de contratos de largo plazo.

Es necesario que los trabajadores de estas áreas laboren eficientemente y que estén motivados para hacerlo. Esto, entre otras cosas, implica su participación, hasta donde sea posible en cada momento, en la elaboración y desarrollo del proyecto alternativo.

Las áreas estratégicas no deben ser concebidas en términos sólo de su actividad sustantiva, sino como medios de impulso al desarrollo nacional. Deben ser considerados no sólo como abastecedores, por ejemplo, de petróleo y sus derivados, de gas o de electricidad, sino en términos de su contribución a la generación de empleos directos e indirectos, de su adquisición de productos en gran escala y, en general, como medios de impulso al desarrollo nacional.

Además de planteamientos básicos comunes a las áreas estratégicas, habrá que llegar a otros específicos para cada una de estas áreas. Entonces podremos contribuir a impulsar un proyecto alterno, y no sólo el rechazo del modelo vigente.

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