En el camino del presidente estadunidense, George W. Bush, hacia la relección, aparecen nuevos obstáculos. No pasa día sin que surjan en la prensa de ese país nuevas y contundentes evidencias de las violaciones a la legalidad en las que ha incurrido el mandatario y su círculo más cercano en el ejercicio de gobierno, lo cual está dañando su imagen política y podría tener efectos demoledores para la campaña electoral del Partido Republicano. En la semana que concluye, los reportes de la comisión bipartidista que investiga los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 han aportado datos reveladores sobre la actuación de la administración Bush ante esa crisis y las injustificadas razones esgrimidas para lanzar la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak. Una de las conclusiones de dicha comisión, difundida ayer, señala que fue el vicepresidente Dick Cheney, no Bush, quien dio las primeras órdenes para responder a los ataques contra las Torres Gemelas, lo cual sería una grave violación de la Constitución de ese país y de la cadena de mando establecida. Con base en cientos de datos recopilados, la investigación establece que Cheney habría ordenado que las fuerzas armadas derribaran los aviones comerciales secuestrados sin haber consultado previamente la decisión con el jefe de la Casa Blanca.

A pesar de que el vicepresidente niega esa versión, el informe sugiere que Bush no fungió como comandante en jefe ni estuvo involucrado en la toma decisiones en los minutos posteriores al ataque terrorista, es decir, no tuvo en sus manos el control del gobierno, según le correspondía como el presidente designado por el sistema electoral. En esos momentos críticos, Cheney asumió las funciones del presidente y dio órdenes a militares sin contar con la autorización correspondiente. Además de que en este reporte se confirman las versiones de otros informes elaborados por diversas instancias a lo largo de más de dos años con respecto a que ese 11 de septiembre reinó el caos y la confusión en el gobierno, la revelación sobre la usurpación de funciones por parte de Cheney, y la falta de mando de Bush apoya la percepción en la opinión pública estadunidense en el sentido de que en la actual administración, quien realmente toma las decisiones claves es el vicepresidente, no quien fue designado oficialmente para ejercer el cargo presidencial.

No debe olvidarse que la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca está cuestionada desde su origen, por haber sido resultado de un fraudulento proceso electoral y, en ese contexto, las irregularidades referidas por la comisión bipartidista acentúan los rasgos de ilegalidad de ese gobierno. Peor aún, ponen en entredicho las acciones que ha emprendido hasta ahora -particularmente la guerra contra el terrorismo- y que han tenido graves consecuencias no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el internacional. Poco a poco han ido cayendo los argumentos esgrimidos en Washington para lanzar la ofensiva militar contra Afganistán en las semanas posteriores al 11 de septiembre, así como para invadir y arrasar Irak. Asimismo, una vez más ha quedado sin sustento el supuesto compromiso del gobierno estadunidense por proclamar y defender la democracia en el mundo: en poco menos de cuatro años, la administración Bush ha minado el sistema democrático, en el que se apoyan las instituciones de esa nación, con un ejercicio del poder al margen de las normas constitucionales. El énfasis que ha dado la prensa más influyente de ese país a estas irregularidades da cuenta de la percepción que existe sobre la gravedad del asunto y será, sin duda, un obstáculo difícil de superar para las intenciones releccionistas del mandatario.